La organización Amnistía Internacional (AI) ha presentado un nuevo informe titulado “El Plan Nómadas de Italia viola el derecho a la vivienda de la comunidad romaní”, en el que alerta de la violación de derechos humanos de esta minoría étnica. AI solicita al Ejecutivo de Berlusconi que revise este plan, que ya ha motivado el desalojo forzoso de decenas de familias en la capital italiana.
Según la organización, esta medida, presentada en julio de 2009, “allana el camino para que se produzcan miles de desalojos más en los próximos meses”. Dicha medida, afirma AI, permitiría la destrucción de un centenar de asentamientos romaníes. Las 6.000 personas afectadas, serían reubicadas en 13 campamentos, una cifra muy limitada para tantos afectados. Por ello, la organización calcula que “el plan puede dejar a más de 1.000 romaníes sin hogar”.
“Hay que reconsiderar con urgencia estas medidas. Las familias romaníes que
viven en la capital italiana ahora se enfrentan a la pérdida de bienes,contactos sociales, acceso al trabajo y a los servicios público“
, ha
declarado Ignacio Jovtis, experto de Amnistía Internacional sobre Italia.
“También existe el riesgo de que si el plan se pone en práctica, podríausarse como modelo para llevar a cabo desalojos forzosos en otras regionesitalianas.
Los desalojos realizados sin consulta previa y sin una oferta de
alojamiento alternativo adecuado a todas las personas afectadas constituyen
una violación de sus derechos humanos“, ha matizado el representante de la organización.
Ignacio Jovtis ha denunciado además que esta medida excluye “de hecho” a las personas de etnia romaní que viven en campamentos “del acceso a una vivienda pública”. Ha añadido también que, al englobar en este plan a todos los romaníes en la categoría de nómadas, “los promotores de este plan están perpetuando los mismos problemas que pretenden resolver”.
Desde que este plan se presentó en julio, centenares de familias han sido desalojadas de al menos 5 campamentos distintos en Roma, donde la población de esta etnia se estima entre 12.000 y 15.000 personas.
Ésta no ha sido la única medida dirigida a la población romaní desde el Ejecutivo italiano, en los últimos años se han adoptado diversas resoluciones que AI considera “discriminatorias”, al haber “estigmatizado a los romaníes que viven en el país”. Estas iniciativas se han intensificado desde que hace unos meses el gobierno central transmitiese algunas competencias a las autoridades locales.
En este sentido, la organización ha desarrollado la campaña Exige Dignidad, mediante la que pide a los gobiernos de todo el mundo “que adopten todas las medidas necesarias,
incluidas políticas y leyes acordes con las normas internacionales de
derechos humanos, con el fin de prohibir e impedir los desalojos forzosos“.