El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido a no remitir al Congreso “ningún proyecto” sobre el nuevo mapa de las demarcaciones judiciales sin hablar “previamente” con “todas y cada una” de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.
Ruiz-Gallardón ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Justicia en la que han participado representantes de las 12 comunidades con competencias en Justicia, así como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado.
El ministro ha agradecido el “esfuerzo” realizado por el CGPJ, que ha elaborado un informe en el que plantea que se reduzcan hasta 190 los 431 partidos judiciales a fin de mejorar la organización y la especialización en los tribunales.
Ha destacado que el CGPJ es una “voz útil” a la hora de elaborar el nuevo mapa judicial, pero ha recordado que es el Ministerio de Justicia el que tiene la responsabilidad de la iniciativa legislativa.
Al margen de la propuesta, que ha sido criticada por algunas comunidades autónomas, el ministro ha señalado que el CGPJ ha hecho un análisis en el que concluye que hay que modificar el mapa judicial español porque está pensado para una realidad del siglo XIX.
“El Gobierno estará atento y estudiará el informe del CGPJ como cualquier informe que se remita antes de elaborar el anteproyecto de ley”, ha señalado.
Además de este asunto la Conferencia sectorial, que el ministro ha calificado de “fecunda” y “extensa en el tiempo”, ha analizado la gestión coordinada de la Justicia gratuita.
Al respecto, el ministro ha propuesto a los representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia y La Rioja una mesa de diálogo para acordar con ellas una participación conjunta de la recaudación de las tasas y establecer una gestión coordinada de la asistencia gratuita.
El criterio del Ministerio es vincular el incremento de las tasas judiciales anunciada con la financiación de la asistencia gratuita.
El umbral mínimo para acceder a estos servicios seguirá siendo el mismo, ha señalado el ministro, pero se determinarán los supuestos en los que puede solicitarse para acabar con las disfunciones detectadas.
El objetivo, ha explicado, es garantizar que el servicio llegue efectivamente a quienes lo necesitan, por lo que ha defendido la necesidad de establecer un “servicio de control de posible fraude”.
El Ministerio además se ha comprometido ante las comunidades autónomas a asumir la financiación directa de la asistencia gratuita a través de lo recaudado con las tasas, de forma que éstas puedan utilizar estos recursos a otras partidas de Justicia.
Asimismo la Conferencia ha servido de escenario para reactivar los acuerdos con el CGPJ y las CCAA para lograr la interconexión informática entre los juzgados y evitar que “coexistan 8 sistemas diferentes muchos de los cuales no se pueden comunicar entre ellos”, ha señalado el ministro.
Ruiz-Gallardón ha reconocido que el nuevo sistema permitirá conservar el esfuerzo inversor realizado por las CCAA en nuevas tecnologías y establecerá una “interoperatividad” entre los diferentes sistemas.
Además, las CCAA se han comprometido a que a partir de ahora cualquier modificación o variación sobre los sistemas informáticos serán consultados con el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial electrónica que será constituido próximamente