A la financiación autonómica y las comunicaciones ferroviarias se suma ahora un nuevo conflicto entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja. El punto de desencuentro es la tramitación de urgencia de contratos públicos para acelerar la ejecución de los fondos Next Generation.
Según ha podido saber Rioja2, está previsto que el Gobierno de España lleve este martes al Consejo de Ministros el punto que aborda esta gestión dentro de la Ley de Medidas Fiscales de La Rioja. Y lo hará para presentar un recurso de inconstitucionalidad por considerar precisamente que el artículo 12 de dicha ley autonómica, en sus puntos 1 y 2, vulnera la Constitución.
Este artículo se refiere a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. En el punto 1, el Gobierno de La Rioja decreta que se declara esta tramitación de urgencia “sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio”. En el punto 2 señala que esto se entenderá “sin perjuicio de la necesidad de que, de conformidad con la normativa europea, la declaración de urgencia de los contratos públicos requiera de una motivación para cada contrato atendiendo a las circunstancias concurrentes”.
Precisamente el pasado mes de abril ambas administraciones alcanzaron un acuerdo para la creación de una Comisión Bilateral de Cooperación para resolver las discrepancias surgidas ante el procedimiento elegido por el Gobierno de La Rioja para acelerar la ejecución de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
El Gobierno de La Rioja señalaba entonces su intención de “alcanzar la velocidad de crucero para conseguir que la financiación comunitaria extraordinaria se traslade de forma efectiva y rápida a la economía real del territorio” y aludía al “bajo grado de ejecución registrado en los últimos años”. Por este motivo incluyó ese capítulo 12 en la Ley de Medidas Fiscales de la comunidad.
El Gobierno central discrepaba del planteamiento de La Rioja porque entendía, entre otras cuestiones, que la regulación autonómica podría ser “incompatible con las directivas europeas en materia de contratación y con la legislación básica estatal de contratación”.
En los primeros contactos entre ambas administraciones, La Rioja defendía que el artículo es plenamente constitucional y proponía como solución la publicación en el BOR de una instrucción que aclare la necesidad de justificar, cuando proceda, la urgencia de cada procedimiento. Por eso se acordó iniciar una negociación entre el gobierno regional y el nacional para alcanzar un acuerdo en un plano de nueve meses para evitar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado.
Parece que ese acuerdo no se ha conseguido. Han pasado cinco meses y ahora el Gobierno de España, una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado, planteará en el Consejo de Ministros la presentación de un recurso de inconstitucional ante este artículo de la Ley de Medidas Fiscales de La Rioja.