El futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, sigue dando de que hablar. La situación de incertidumbre para los trabajadores de la central y para los ecologistas es la misma, a pesar de tener opiniones enfrentadas.
Frente a esta duda, los ecologistas han optado por permanecer activos y reivindicar el cierre de la central, incluyendo la vía judicial. La asociación ecologista Greenpeace ha anunciado que está “preparando un recurso contra la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por la que este organismo aprobó su informe relativo a la Renovación de la Autorización de la Explotación de la Central Nuclear Santa María de Garoña”, según ha anunciado en su página Web.
Según Greenpeace, el CSN ha incumplido sus obligaciones legales de garantizar el derecho al acceso a la información y de participación del público, en relación a las competencias del Consejo referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica.
La asociación cree que el informe sobre la central de Garoña no es válido por dos causas: porque el CSN no ha abierto este proceso a la participación pública y porque no ha motivado sus conclusiones.
“Como establece su propia Ley, es fundamental que las actuaciones del CSN cuenten con la necesaria credibilidad y confianza por parte de la sociedad a la que tiene la misión de proteger contra los efectos indeseables de las radiaciones ionizantes, pero en este caso el CSN ha vuelto a actuar a espaldas de la sociedad civil, vulnerando su propia normativa”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Además, la asociación reclama su implicación en el caso como interesado y pide al Ministerio de Industria que ponga en marcha el trámite de Audiencia a los interesados e incluya a las organizaciones ecologistas para que éstas puedan alegar al dictamen del CSN sobre Garoña.