El hijo del bodeguero Guillermo Castillo -asesinado en su domicilio de Cuzcurrita la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2023- ha afirmado en sesión judicial que su padre “solía tener dinero escondido en casa” y era algo “que se sabía”. Una afirmación que ha secundado también otro testigo, amigo de la víctima, a preguntas de la Fiscalía.
Este jueves se retoma el juicio contra dos personas acusadas de un delito de asesinato y otro de robo con violencia por, presuntamente, dar muerte al hostelero de 78 años. Según el escrito de la Fiscalía ambos acusados se dirigieron al domicilio “bajo la creencia” de que en su vivienda “encontrarían una gran cantidad de dinero guardado” ya que la víctima regentaba un restaurante muy conocido en la localidad.
Una vez allí, sobre las 00,00 horas del día 2 de mayo de 2023, el hostelero abrió voluntariamente la puerta de su casa y “ambos investigados, con sorpresa, ventaja y de manera inmediata en la propia entrada de la vivienda, le propinaron múltiples golpes en distintas partes del cuerpo incluyendo la cabeza y el dorso” para robarle el dinero de la recaudación.
Sergio Castillo ha relatado también ante el juez que durante años “la relación con su padre y su hermana no fue buena” por “temas de trabajo y por no compartir opiniones”. Es más, como ha dicho, “estuve sin hablarme con mi padre 10 o 12 años”.
Tras los hechos, explica, “yo me entero de la muerte de mi padre esa misma mañana porque me llamó mi hermana por teléfono. La última vez que vi a mi padre fue casi una semana antes del suceso”. Desde los hechos, ha indicado, “me encuentro en tratamiento con antidepresivos”.
Otro testigo, trabajador y amigo de Guillermo, ha reiterado que a la víctima “le gustaba mucho dar dinero. Se sabía que tenía dinero escondido dentro de su domicilio y se rumoreaba también por el pueblo. A Guillermo le gustaba pagar en mano pero no ostentaba”.
Testigo protegido “no localizado”
Además, y antes de comenzar la cuarta sesión del juicio, la letrada de la administración de justicia ha leído un comunicado del sargento del Grupo de Delitos Contra la Persona sobre el testigo protegido que debía declarar en el juicio pero no está localizado.
El comunicado expresa que “se ha intentado contactar con él desde el pasado 25 de octubre pero tiene el teléfono apagado”.
A raíz de eso, “se contactó con un familiar directo que informó que estaba fuera de España trabajando en Francia pero él tampoco podía ponerse en contacto con él” aunque les dio un nuevo número de teléfono francés. Se llamó al número de teléfono francés y, aunque da señal, no da respuesta. Por lo tanto, expresa, “se sigue con la localización y si hay respuesta se dará oportuna cuenta a la mayor brevedad posible”.
Las penas
En el caso de ser declarados culpables, la Fiscalía solicita una pena de 27 años de cárcel para cada uno de los acusados, 23 por asesinato con alevosía y otros 4 años por robo en casa habitada para C.S.R., el acusado más joven que conocía a la víctima. En el caso de A.D.G. le piden 4 años y nueve meses por el delito de robo. Por su parte, la familia solicita la prisión permanente revisable.
Además, el fiscal también reclama una pena de libertad vigilada durante diez años para ambos y que indemnicen con 300.000 euros a los dos hijos de la víctima.