El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propuso ayer la equiparación legal de las personas con inteligencia límite al nivel de quienes sufren algún tipo de discapacidad, de modo que, con independencia del grado concreto de minusvalía que tengan reconocido, puedan disfrutar de las medidas de acción positiva en el orden laboral y se favorezca su acceso al empleo.
En este sentido, el organismo aclaró que el término 'inteligencia límite' se emplea para designar a determinadas personas que tienen ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en el uso de habilidades y destrezas sociales; individuos que presentan un coeficiente intelectual inferior al medio y dificultades de adecuación al entorno, “que les generan barreras y dificultan su plena participación en la vida comunitaria”.
Así, recordó que la norma de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establece las características o rasgos en materia de psicomotrocidad-lenguaje; de habilidades de autonomía personal y social; del proceso educativo, ocupacional, laboral y de la conducta de las personas con capacidad intelectual límite.
Sin embargo, estas personas “no entran dentro de la consideración jurídica de discapacitados, al no ser frecuente un grado del 33 por ciento en la valoración y evaluación que realizan los órganos competentes”, mientras que, para el CERMI, se trata de un colectivo con problemas de inclusión social y de acceso a derechos, bienes y servicios, sobre todo, en los aspectos laborales que, en opinión de sus responsables “deben ser tenidos en cuenta”.
Por todo ello, propuso que “las personas con capacidad intelectual límite, siempre que tengan reconocida oficialmente esta situación por el organismo con competencias en la materia, gocen del derecho a la obtención de todo tipo de beneficios, ayudas, bonificaciones o exenciones establecidos con carácter general para las personas con discapacidad en lo referido al acceso, mantenimiento y progresión en el empleo, público y privado, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento”.