Investigados diez políticos de Villamediana por prevaricación y malversación de fondos públicos

Nueve ediles de la anterior corporación municipal de Villamediana de Iregua (cuatro de ellos repiten en la actual), además de la interventora y la secretaria municipal, han sido llamados a declarar como investigados por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en la contratación.

Han sido citados como investigados: Tomás Santolaya (exalcalde de Villamediana del PP), Rubén Gutiérrez (también exalcalde y concejal del PP), Myrian Torbado (secretaria del ayuntamiento), Vanesa Ruiz (interventora), Ana Belén Martínez (actual alcaldesa), Mª Julia Olarte (concejala PP), Elena Suárez (concejala PP), Enrique San Román (concejal PSOE) , Modesto Fernández (concejal Cs), Jesús Ángel Cámara (concejal IU), Eva Muñoz (concejal IU) y Rubén Sáenz (concejal PR).

Son todos los concejales que estuvieron en el pleno de agosto de 2017 excepto Jesús Ángel Garrido (PP), Adelina Martínez (PP), Juan Pedro Martínez (PSOE) y María Teresa Martínez (Cs), que se ausentaron para no tener que votar el acuerdo en cuestión.

Los presuntos delitos se cometieron en un pleno del 17 agosto de 2017 en Villamediana, cuando la anterior corporación, con el entonces alcalde del PP, Tomás Santolaya, al frente, aprobó por unanimidad el reconocimiento extrajudicial de un crédito para abonar las facturas emitidas por Barinaga Abogados por la prestación de servicios jurídicos divididos en cinco procedimientos judiciales, por un total de más de 128.000 euros.

El entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Pedro Martínez inició este procedimiento al presentar una denuncia en diciembre de 2018 a la que ha tenido acceso Rioja2. En ella, considera que se habían cometido irregularidades en el procedimiento, al no seguirse los trámites establecidos, y advertía de que anteriormente ya se había contratado a este abogado “a dedo”.

Y es que asegura que la contratación fue verbal y el reconocimiento posterior del crédito no arregla esa ilegalidad. Las facturas se aprobaron, “en lugar de revisar el contrato verbal”.

Además, Martínez se pregunta “¿Qué méritos profesionales contrastados reunía el letrado Barinaga, frente a otros profesionales, para hacerse con los contratos de forma recurrente? ¿Qué capacidad tenía el alcalde, que llamativamente se declaró poco menos que analfabeto, en su comparecencia en la Comisión del Parlamento regional sobre el urbanismo local, para valorar la competencia profesional del letrado? ¿Era el contratista el ”letrado de cabecera“ el predilecto del alcalde?”. Se trata, añade, de un abogado ligado a la empresa que construyó el chalé del expresidente Pedro Sanz en Villamediana.

El escrito del Fiscal, por su parte, también considera que no se respetaron los principios de publicidad y libre concurrencia en la adjudicación de dichos contratos, con lo que no se siguieron los trámites legalmente establecidos. Dichos contratos son, por tanto, “nulos de pleno derecho”. De hecho, establece que no existió procedimiento alguno: “no se ha tramitado expediente de contratación, no hay documento que formalice el contrato, el contrato es verbal, no se siguen los trámites del contrato menor...” y un largo etcétera de irregularidades.

Además, la actuación del alcalde “propicia que el contratista pueda obtener un beneficio económico a costa del erario público”.