“No podemos menospreciar la dimensión del problema de la vivienda”. Lo dice Isabel Rodríguez la misma semana en la que el presidente del Gobierno ha anunciado que esta será su prioridad durante la actual Legislatura. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana tiene claro que la ampliación y protección del parque público de vivienda debe ser el principal objetivo en una hoja de ruta repleta de retos, como el incremento sin freno de los precios de venta y alquiler, el auge de los alquileres turísticos o incluso el difícil acceso al alquiler temporal para estudiantes, que atribuye al auge de las universidades privadas.
Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) aprovecha una visita a Logroño para conocer en persona algunos de los proyectos financiados con fondos del Estado y para recordar con ello que, aunque las administraciones locales y autonómicas tienen la mayor parte de las competencias en materia de vivienda, tres de cada cuatro euros que destinan a este fin proceden de los Presupuestos Generales del Estado que diseña el Gobierno central. Rodríguez lanza también un aviso a navegantes al afirmar que, “a veces”, al ceder recursos a las comunidades se les acaba perdiendo la pista.
Este miércoles el presidente anunciaba que en los próximos meses el Gobierno va a aprobar nuevas medidas para impulsar el parque público de vivienda. ¿Podría adelantar alguna de esas medidas?
Lo que estamos haciendo es poner toda la capacidad del Estado y todos los recursos en esta causa, y es lo que le vamos a pedir también al resto de comunidades autónomas. Fíjese que hoy prácticamente el 75% de los presupuestos de las comunidades autónomas en materia de vivienda, incluso de las que reivindican esas competencias ante el Tribunal Constitucional, vienen del aporte de los Presupuestos del Gobierno de España. Por eso creemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros los primeros, para priorizar también desde el punto de vista presupuestario una política que se considera fundamental, porque es la principal demanda de los ciudadanos.
La vivienda es uno de nuestros principales problemas y no se puede despachar con frivolidad ni menospreciar su dimensión. Se exige ahora una determinación absoluta. Ya sabemos lo que no ha funcionado y es la desamortización, la venta libre de vivienda pública a particulares e incluso a fondos buitre; recursos que tendrían que servir al interés general. Si no se hubieran vendido al mercado libre, ahora tendríamos 2,5 millones de viviendas públicas en España. La fórmula por tanto tiene que ser la contraria y es lo que está planteando el Gobierno: garantizar con esos recursos públicos que las viviendas siempre sirvan a un interés general, que sean la respuesta a un derecho fundamental.
¿Es este el planteamiento que se hará a las comunidades en la Conferencia de Presidentes sobre vivienda que acaba de anunciar Pedro Sánchez? ¿Qué podría salir de ese encuentro?
La configuración institucional nos lleva a que aquí, en materia de vivienda, todas las administraciones tenemos mucho que decir. Si no actuamos de manera coordinada, no saldrán las políticas desde los ayuntamientos, que son los que tienen que trabajar el planeamiento y disponer del suelo. Algo para lo que también es importante la Ley del Suelo, que está registrada en el Congreso de los Diputados. Las comunidades autónomas son competentes en la ordenación del territorio y son, además, las que tienen que proveer y trabajar las políticas de vivienda de la mano de un Gobierno central que reclama que la vivienda es un derecho, tal como consta en la Constitución y como ahora se ha desarrollado en una ley.
Todo nuestro esfuerzo tiene que estar en garantizar esa igualdad entre los españoles, en ir viendo los instrumentos, los recursos financieros y las normas que hay que sacar adelante en esa Conferencia de Presidentes. Espero que nos dediquemos a eso, a acordar y no a discutir o incluso a incordiar, como se hace en algunas ocasiones. Me da la sensación de que a veces se adopta esa posición de beligerancia trayendo al debate de las administraciones un debate partidario que no viene a solventar nada. En política de vivienda lo que se necesita es acción, determinación y presupuesto de todas las administraciones públicas.
Ahora tendríamos 2,5 millones de viviendas públicas si no se hubieran vendido al mercado libre
Teniendo en cuenta esas competencias de los gobiernos autonómicos y las entidades locales, ¿cuál es el margen del Gobierno central?
Para empezar, el margen que dan los Presupuestos del Estado, la disposición de fondos y la determinación. Yo creo que es muy importante sobre todo la determinación. Ha habido gobiernos que claramente eludieron que tuvieran algo que decirle a los españoles en materia de vivienda. Nosotros en cambio hemos dicho que este va a ser el eje de la Legislatura. Como esta semana reiteraba el presidente del Gobierno, queremos que esta sea la Legislatura de la vivienda, que sirva para configurar el quinto pilar del Estado del Bienestar y a dar tranquilidad a muchos españoles y españolas que lo viven con mucha angustia.
El precio de la vivienda libre en España se dispara un 7,8 en el segundo trimestre, subió un 8,6% interanual en agosto y marcó un nuevo récord, según Idealista, y la de segunda mano subió un 8,5%, según Fotocasa. ¿Qué está fallando?
Lo que pasa es que hay una alta demanda y que durante los últimos 15 años en este país no se ha construido promoción pública ni se ha hecho planeamiento urbanístico. Tenemos planes urbanísticos de los años 80. Hay ayuntamientos que llevan años trabajando en sus planeamientos y otros lo han iniciado ahora sabiendo que les llevará años. El ritmo de crecimiento demográfico no puede asumir estos plazos administrativos ni esta falta de compromiso de algunas administraciones en proveernos de recursos públicos.
La disposición del Gobierno de España, como decía ayer [por el miércoles] el presidente del Gobierno, es que se trata de una política pública y queremos en el menor tiempo posible converger con la media europea en cuanto al parque público de vivienda. Pero para eso necesitamos suelos disponibles y colaboración privada. Las administraciones solas no podemos abarcar la dimensión de este problema y necesitamos que todo el sector de la construcción nos acompañe para proveernos de esas nuevas viviendas. Para avanzar tenemos que tomar también algunas decisiones, como venimos haciendo para amortiguar el exceso de demanda o la falta de aumento de la oferta en el mercado de alquiler. En este momento se produce una mayor demanda de vivienda en alquiler, especialmente por parte de las personas más jóvenes, y a la vez se dan unos usos del alquiler que no están dirigidos especialmente a la vivienda, como es el caso del alquiler turístico. El Gobierno de España tiene claro que se debe priorizar claramente el alquiler residencial frente a una actividad económica como pueden ser los pisos turísticos.
En el mercado del alquiler, la subida de precios está yendo mucho más allá de las dos grandes capitales y se repite en la mayoría de municipios; toca ya a todas las capitales de provincia e incluso a poblaciones más pequeñas. ¿Qué va a hacer el Gobierno ante este problema?
Ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible. Al finalizar esta legislatura habremos tenido que conseguir el objetivo de movilizar 184.000 viviendas en alquiler asequible y tenemos que intentar llegar en el menor tiempo posible a proveernos de un parque público del entorno del 9% de viviendas en alquiler asequible. Solo de esta manera, incrementando la oferta, podremos combatir ese incremento de precios ante una demanda que es exponencialmente creciente y que tiene que ver con movimientos demográficos, que vienen en buena medida por la buena situación económica de nuestro país, o en algunos casos también por decisiones políticas que queremos combatir.
Estamos detectando por ejemplo cómo la llegada de universidades privadas en detrimento de las públicas, está generando la tensión de algunos mercados de ciudades medias. Por eso vamos a acompañar a las universidades públicas y estamos trabajando para ello con el Ministerio de Ciencia y Universidades, para facilitar esos recursos que necesitan los universitarios, para que el mercado de los jóvenes universitarios no tensione el de las familias. En definitiva, medidas quirúrgicas que pasan por el turismo o los recursos para universitarios para ir afrontando y dando respuesta al problema del alquiler.
En algunas administraciones públicas falta compromiso con el problema de la vivienda y lo que necesitamos ahora es la determinación y el presupuesto de todas ellas
En julio el Gobierno anunció una limitación de los alquileres de temporada mediante una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Cuándo se va a aprobar esta medida?
No es una limitación sino una regulación para evitar el fraude. Siguiendo con los estudiantes, ellos mismos necesitan alquileres temporales, porque van a dirigirse a un lugar que no es su residencia habitual durante un periodo de tiempo. Lo necesitan también los trabajadores que se desplazan de su ciudad para realizar una obra durante un tiempo o lo podríamos necesitar nosotras mismas si nos tenemos que desplazar para un tratamiento médico a un hospital distinto al de nuestro centro de referencia. El alquiler de temporada es importante y necesario, lo que se trata es de que no se produzca un abuso y se utilice este tipo de contratos de alquiler para evitar las garantías que tienen los contratos de residencia habitual.
Estamos en el trámite de regulación de un Real Decreto que estamos terminando de perfilar ya con el Ministerio de Turismo e Industria y que tendremos listo antes de final del año que viene. Es nuestro compromiso con las comunidades autónomas, que a su vez tienen que colaborar también en esta en esta cuestión. Esperamos poder adelantarnos a ese plazo que habíamos pactado pero hay que tener en cuenta que con esto nos estamos adelantando ya un año a la previsión de la Unión Europea que nos hablaba de él. Con esto abordaríamos los alquileres temporales, los turísticos y los de habitación.
Habla de que incluso nos vamos a adelantar a Europa. Sin embargo, viendo la dimensión del problema en muchas ciudades, ¿no vamos más bien un poco tarde?
Bueno, nos estamos adelantando prácticamente en un año y seguramente podamos mejorar. Nuestra previsión requiere de un trámite administrativo que no puede eludir los periodos de consulta pública, por ejemplo, que están marcados por ley, al tiempo que requiere también de una asistencia técnica importante porque vamos a tener que coordinar los sistemas autonómicos y homologar con el sistema europeo, que finalmente dispondrá de un registro de todos los Estados miembros.
En cualquier caso, en esta materia, y sobre todo en lo referente a los alojamientos turísticos, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes tienen mucho que hacer. Les recuerdo que el alcalde de Barcelona ha decidido acabar con los alojamientos turísticos en su ciudad y que va además a incrementar el número de inspecciones y la propia Generalitat ha regulado también al respecto. Hay una clara posibilidad de que las administraciones autonómicas y locales dirijan sus actuaciones a este fin y no eludan esa responsabilidad porque tienen mucho que decir. Nosotros estamos apurando un margen legal, pero claramente la ordenación del turismo como sector le corresponde a las comunidades autónomas y la inspección de las actividades económicas a los ayuntamientos. Por lo tanto, ambas administraciones tienen mucho que hacer y mucho que decir a este respecto. Y ya la mayoría de los ayuntamientos lo están haciendo. La administración local se está moviendo porque ahí es donde realmente está el margen de actuación más rápido para intervenir.
La semana que viene es muy probable que el Banco Central Europeo recorte los tipos. ¿Puede esto calentar todavía un poco más el mercado inmobiliario español?
Recortar los tipos sobre todo dará tranquilidad a muchas familias que han vivido con angustia y que han aguantado pagando religiosamente durante estos años, y sobre todo estos últimos meses, el incremento de tipos de interés. Por tanto, creo que es una buena noticia para miles de familias hipotecadas en España que se relajen sus tipos de interés. Al mismo tiempo va a venir bien también para una política que nosotros estamos promoviendo desde el Ministerio de Vivienda con las entidades financieras, que es el acceso a las hipotecas para los jóvenes y las familias, que podrán también amortiguar el mercado del alquiler.
Hoy existen muchas familias, muchas personas y muchos jóvenes, que teniendo el deseo de vivir en una ciudad, teniendo un empleo estable y queriéndose comprar y adquirir una vivienda, no han podido hacerlo porque carecían de los ahorros previos para ello. Hemos puesto en marcha el programa de hipotecas avaladas por el Estado y yo creo que este aval junto con una relajación de los tipos de interés va a contribuir a que personas que puedan hacerlo salgan del mercado del alquiler y puedan adquirir una vivienda asumiendo su hipoteca. Esto producirá una mejora en la vida de estas personas pero también en el mercado del alquiler.
Las políticas de vivienda del PP no han funcionado, la fórmula tiene que ser la contraria
El Gobierno habla de alcanzar lo antes posible la media europea del 9% de parque público de vivienda. ¿En que en qué cifras vamos a cerrar este año y en qué nivel calcula que estaremos en 2025?
Hay que pensar que estamos partiendo de un 2%, con lo cual el horizonte es todavía lejano. Si bien tenemos una oportunidad muy importante sobre la que ya estamos trabajando, que será precisamente el próximo Plan Estatal de Vivienda, donde lo que queremos es cuantificar por un lado el número de viviendas que se pueden estimar; eso dependerá un poco de cómo crezca la población; pero ahora ese 9% podríamos estimarlo en torno a un millón de viviendas. Por otro lado, habrá que cuantificar también su coste y el tiempo que tardaríamos en producirla y ponernos todos manos a la obra. Y cuando digo “todos”, es “todos”: todas las administraciones públicas con esa necesaria colaboración público-privada. Es decir, vamos a trabajar sobre un Plan Estatal de Vivienda donde exista una mayor oferta, mayor financiación y mayor transparencia. Porque con el traslado de recursos a las comunidades autónomas, en ocasiones cuesta seguirles la pista y por eso creo también que es muy importante contar con la complicidad ciudadana en el diseño de estas políticas.
¿Entonces no pueden concretar en qué horizonte podría alcanzarse ese 9%?
Cuando lo valoremos, lo haremos con el rigor necesario para que la respuesta sea técnicamente viable y podamos asumirla en su conjunto. Entonces tal vez se pueda perfilar. Ahora lo importante es que en materia de vivienda no se contribuya desde la política a generar una mayor ansiedad o desasosiego del que ya vive la ciudadanía, sino todo lo contrario. Debemos contribuir siempre a dar certezas, a dar soluciones y a ir poniendo encima de la mesa medidas y acciones que sean realmente eficaces que, aunque nos lleven más tiempo, podamos trasladárselas con honestidad a la ciudadanía. Porque se comprende perfectamente que la construcción de una vivienda no es de un día para otro, por mucho que aceleremos los trámites administrativos o industrialicemos la construcción. Yo, como ministra, me obligo a mí misma a hablar siempre con rigor, con seriedad, intentando trasladar a la ciudadanía esa serenidad necesaria en una cuestión que les angustia mucho.
Hace referencia a la angustia y el desasosiego que genera el problema de la vivienda. En los últimos tiempos crece el discurso sobre el falso auge de la ocupación, suben de forma excesiva los precios de venta y alquiler y, en definitiva, se pinta un futuro negro para la gente más joven. ¿Cree que todo ello está beneficiando a la extrema derecha y a determinados movimientos políticos?
Bueno, yo le llamo “el negocio del miedo”. Hay quienes hacen caja con el discurso del miedo, incluso empresas que se dedican a vender ese miedo, a generar esa sensación. El otro día lo decía el presentador Jorge Javier Vázquez, que parece que da miedo salir a comprar el pan por si te ocupan la casa, cuando la realidad del porcentaje en cifras oficiales está ahí. Otros también quieren traducir en votos el negocio del miedo. Yo, en cambio, creo en la política útil, que es la que practica este este Gobierno. Y, además, confío mucho en la inteligencia ciudadana.