El fiscal solicita una pena total de más de 48 años de prisión para siete personas, miembros de un mismo núcleo familiar, acusados de delitos relacionados con la pertenencia a grupo criminal o contra la salud pública por vender drogas como cocaína, heroína, cannabis y hachís en sus domicilios de Logroño. El juicio tendrá lugar el 11 de enero.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los siete procesados vivían en dos domicilios de un mismo edificio de Logroño donde se dedicaban a la venta de drogas, colaborando entre ellos y realizando de forma coordinada labores de vigilancia y de prevención de la actuación policial.
En concreto, desde el día 12 al 30 de enero de 2018, los agentes policiales pudieron comprobar, al menos, 11 pases de drogas en diferentes momentos y con cantidades dispersas de cocaína o cannabis, entre otros.
Por su parte, el 7 de febrero de 2018 se produjo la entrada y registro en los domicilios de los acusados -en Avenida Navarra- donde se encontró, entre otros efectos, cannabis con un precio en el mercado ilícito de 592 euros, así como hachís y utensilios destinados a la venta de sustancias estupefacientes.
También se les intervino un cuchillo de monte, una defensa metálica extensible, una defensa eléctrica con su cargador, una katana, nueve navajas retráctiles de grandes dimensiones, dos defensas policiales, un machete, dos bastones de estoque, una defensa extensible, otro cuchillo de monte y unos 'munchacos'. Las defensas eléctricas están catalogadas como armas prohibidas.
Según el fiscal, la totalidad de la droga intervenida hubiera alcanzado en el mercado ilícito, un precio de 1.000,86 euros.
Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito contra la salud pública aunque, alternativamente al primer delito, “para el supuesto de que no fuera oportunamente previsto, los hechos serían constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas”. Además para tres de los procesados concurre la circunstancia agravante de reincidencia.
Así las cosas, por el delito de pertenencia a grupo criminal procede imponer la pena de dos años de prisión para cada uno de los encausados.
Para el delito contra la salud pública piden seis años de prisión para los tres procesados reincidentes y cuatro para los que no lo son.
Finalmente, por el delito de tenencia ilícita de armas (si no se les condenase a pertenencia de grupo criminal), el fiscal solicita dos años de prisión a cada uno de los encausados.