La Fiscalía y la defensa de seis ex ediles del GIL de Marbella (Málaga) imputados por presuntas corruptelas llegaron ayer a un acuerdo de conformidad.
En virtud del pacto, que afecta entre otros al ex alcalde Julián Muñoz, se acepta la petición del Ministerio Público -doce meses de prisión- a cambio de eludir decenas de procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en los que están imputados, un centenar en el caso de Muñoz. Así, sólo deberán cumplir el triple de la petición de pena, o lo que es lo mismo, un total de tres años de cárcel, de los que al ex regidor marbellí sólo le resta uno.
La Ley contempla este tipo de acuerdos en caso de delitos conexos o relacionados entre sí. Por ello, la red de corruptelas en Marbella, extendida en distintos sumarios, permitiría este pacto, algo que se ha logrado tras conversaciones entre la Fiscalía y abogados de los ex ediles Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Maria Alcalá, además de Muñoz. El letrado de algunos de estos antiguos concejales declaró a la prensa que las penas cumplidas hasta ahora por causas urbanísticas “deben computarse porque se trata del mismo tipo de delito” y precisó que se tiene en cuenta el tiempo que algunos representantes municipales han pasado como presos preventivos.
“Las personas afectadas quieren ponerse en paz con la justicia lo antes posible y reanudar sus vidas”, señaló el abogado, avanzando que este procedimiento podría iniciarse en septiembre en los juzgados penales y de instrucción. Todos los afectados forman parte de la primera corporación del GIL procesada por la concesión irregular de licencias, ya que el plazo para la segunda corporación implicada se ha aplazado hasta junio y la situación de la tercera ni siquiera se ha abordado.
EL CASO DE MUÑOZ
En el caso de Julián Muñoz, sólo deberá pasar un año más en prisión y se evitará alrededor de un centenar de juicios. Tras haber pasado dos años en la cárcel por otras causas, aniversario que se cumple en junio, tan sólo le resta uno para alcanzar el triple del límite máximo contemplado, fijado en un año. Este periodo no podrá ser sustituido por una sanción económica y, además, el acuerdo concretado hace una semana contempla diez años de inhabilitación.
Precisamente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga ha concedido un segundo permiso penitenciario para el ex alcalde marbellí de tres días, lo que le permitirá abandonar de nuevo la prisión de Alhaurín de la Torre, como ya hiciese a mediados de abril.