La sección 1ª de la Audiencia Nacional ha comunicado a la Asociación de Internautas (AI) la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo por conflicto de intereses de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, informa la entidad en un comunicado.
La Asociación pone fin así a la vía administrativa y da comienzo a un nuevo proceso, ahora en los tribunales de justicia, que esperan que “prospere” antes de que la titular de Cultura “ya no sea ministra, pues el recurso habrá perdido su objeto, el Gobierno habrá ganado y la Asociación de Internautas habrá perdido”, señala el comunicado.
La AI presentó el 3 de junio de 2009 ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia contra González-Sinde por entender que existía una situación de conflicto de intereses privado con el cargo, “y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica, por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud”, señala la AI.
Los internautas recuerdan que el pasado 28 de julio, “la Oficina de Conflicto de Intereses rechazó de plano la denuncia, que hacían papel mojado las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en el primer año de legislatura adoptó una serie de medidas tendentes a la proclamación de los principios que debían regir las actuaciones del Gobierno, principios que no solo debían de ser éticos sino jurídicamente exigibles”.
La AI apunta que el Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005 adoptó un Acuerdo por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado según el cual define lo que se debe entender por conflicto de intereses diciendo que éste existe “cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.
La AI recuerda también que el objeto de su denuncia es “la existencia de una situación de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la actual ministra de Cultura, y por lo tanto, tiene la obligación de inhibirse” y aclara que “en ningún caso” afirman “que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes”. “Si así fuese estaríamos en un supuesto cuanto menos de prevaricación, de tráfico de influencias o de corrupción, algo que excede el ámbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo”, añade.
“La condena, aunque sea moral, puede tener un valor edificante y regenerador de la vida pública para los muchos que creemos en el buen Gobierno frente a los pocos, que con su desmesura y charlatanería pretenden aniquilarlo”, concluye la AI.