La Banca gana: El Supremo decide que los clientes paguen el impuesto de las hipotecas

Los 28 magistrados llevaban deliberando desde este lunes y finalmente han tomado una decisión, favorable a los bancos. Y es que han determinado que sean los clientes los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios.

De este modo, desautorizan el criterio adoptado por cinco de los seis integrantes de la Sección Segunda, que establecía que fueran los bancos los que abonaran este impuesto.

Sin embargo, hoy la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha corregido a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

Las sentencias favorables a los clientes

Tras dos jornadas de deliberaciones el alto tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Las tres sentencias que se conocieron a mediados de este mes también por recursos del Ayuntamiento de Rivas y que supusieron un giro en la doctrina son firmes, por lo que se dará la curiosa circunstancia que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagaran el impuesto y otros podrán reclamar su devolución.

Una resolución “bochornosa”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado esta resolución y la ha calificado de “bochornosa”, por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.

Para la OCU se trata de una sentencia “inaudita” que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.

Por ello, la organización de consumidores considera que esta sentencia pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y que crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad. “Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad”, dice en un comunicado.

Ante esta situación, la OCU ha pedido la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, de forma inmediata “por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia”.

No obstante, la organización todavía es optimista y espera que, al igual que sucedió en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rectifique la sentencia del Supremo.