El poder de Francia dentro de la Unión Europea (UE) ha quedado patente una vez más. Tras la crisis surgida entre la Comisión Europea y algunos Estados miembros por la política de expulsión de inmigrantes indocumentados, sobre todo de etnia gitana, llevada a cabo por el gobierno francés, la calma parece reinar de nuevo entre los Veintisiete.
La Comisión, presidida por José Manuel Durao Barroso, ha decidido amonestar políticamente a Francia en el caso de las la expulsión de gitanos amenazándola con iniciar en breve un expediente sancionador si no alinea su legislación con la directiva europea que garantiza la libre circulación de ciudadanos comunitarios.
El Ejecutivo comunitario ha anunciado que abrirá expediente a Francia por este motivo, cosa que todavía no ha hecho a la espera de que París presente antes del 15 de octubre un plan detallado para que sus procedimientos de expulsión casen totalmente con la ley-marco europea de 2004.
De esta manera, la Comisión ha optado por no expedientar al Ejecutivo de Nicolas Sarkozy por discriminación contra la minoría gitana, otra de las posibilidades que barajó a raíz de las polémicas expulsiones.
La tensión entre las autoridades francesas y el Ejecutivo de la UE alcanzó su punto máximo durante la última cumbre europea, celebrada el 16 de septiembre, en la que Sarkozy y Barroso se recriminaron en público su comportamiento respectivo.
“Francia no transpuso correctamente la normativa europea a su derecho nacional,
privando a los ciudadanos de derechos y garantías. Esto debe ser corregido y por ello la Comisión Europea actúa con firmeza“, ha manifestado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, en una declaración tras el debate de los comisarios.
La semana pasada Reding consideraba que la circular administrativa francesa del 5 de agosto era un claro “indicio” de discriminación, pero no ha podido reunir pruebas concluyentes.
Sin embargo, el gobierno galo ya ha anulado la polémica circular que el ministerio del Interior francés remitió a las fuerzas de seguridad con la orden de desmantelar todos los campamentos ilegales, especialmente los de gitanos.
Así pues habrá que esperar al 15 de octubre para saber si la Comisión Europea expedienta finalmente al gobierno francés o si Sarkozy logra ajustar sus expulsiones a la ley-marco europea y así salvarse del expediente.