El entendimiento y la cordialidad con los que transcurrió la primera reunión entre el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se han vuelto a repetir en el encuentro que mantuvieron ayer en el Ministerio.
El propio presidente Sanz ha destacado la buena sintonía de las dos administraciones que augura que las transferencias en materia de Justicia pasarán a La Rioja el próximo 1 de enero y de no ser así, “se darán las oportunas explicaciones”.
Sanz ha afirmado que el siguiente paso a dar tiene que ver con el proyecto del nuevo Palacio de Justicia y con una nueva propuesta más ajustada en el presupuesto del edificio. “Se tiene que decidir qué valor tiene la construcción del Palacio y el terreno donde se erigirá” ha dicho Sanz aludiendo a la partida presupuestaria que el Ministerio tendrá que desembolsar al Gobierno autonómico si este asume las transferencias y es él quien “paga” la construcción del Palacio.
Sanz ha dado una cifra que no incluye la contrapartida del Palacio: 20 millones de euros por las transferencias que aportará Justicia a la administración riojana, aunque no ha desvelado cuál es la cifra que manejan para la construcción del Palacio, cifra que deberá estar cerrada para el próximo 1 de enero.
El Gobierno de La Rioja presentará una nueva alternativa sobre el Palacio al Ministerio sobre el solar del antiguo Hospital Militar, en Murrieta. Es una cuestión de números: el ministerio tira a la baja y el Ejecutivo riojano intenta estirar esa cifra.
Las demás cuestiones relativas a las transferencias están solucionadas y parece que el tema del Palacio de Justicia el último eslabón para que La Rioja asuma las totales competencias en esa materia como llevan reclamando desde hace años.
Las transferencias en materia de Justicia afectarán a 300 funcionarios entre los que no se incluyen ni magistrados, jueces, fiscales o secretario judiciales.