Ante las palabras del portavoz de la Comisión Europea en España, Dimitri Barua, donde ha afirmado que el Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) “no amenaza a la Denominación de Origen Rioja”, la Coordinadora contra el TTIP “duda de que éstas sean ciertas”.
Así lo han expresado en una nota de prensa y han asegurado que estas declaraciones “no serían necesarias si la ciudadanía europea y en especial los europarlamentarios pudieran tener acceso a la redacción provisional del Tratado, así como que a las rondas de negociación pudieran asistir representantes de los diversos sectores afectados, como lo están haciendo miembros de diversas corporaciones empresariales”.
Además, la Coordinadora contra el TTIP considera que una vez analizada “la nunca transparente documentación publicada por la Comisión”, en su décima ronda de negociación, las indicaciones geográficas emergen “como uno de los escollos principales para culminar el TTIP” ya que parece “haber más desentendimiento en este terreno que en otros, aparentemente más controvertidos, como los tribunales de arbitraje”.
En este sentido, resaltan, “la propia comisaria, Cecilia Malmström, reconoció que los norteamericanos pusieron sobre la mesa una propuesta sobre bebidas alcohólicas, que abogaba por la desprotección relativa a las D.O.”. “Que en este momento las D.O. operan en territorio norteamericano, como si de marcas registradas se tratara, pues Estados Unidos no reconoce las variedades geográficas y no lo hará atendiendo a su legalidad mercantil. A día de hoy es posible encontrar Jerez hecho en California o vino de Oporto producido en Oregón”.
A su vez, las declaraciones sobre el sector agroalimentario y la eliminación de trabas fitosanitarias “dan la razón a los que nos oponemos a este tratado” pues esto “solo beneficiaría a las empresas estadounidenses, al contar con una reglamentación infinitamente menos restrictiva. Europa prohíbe unos 1.400 productos químicos, mientras EEUU solo 12”, indican.
Ante estos hechos constatados, la Coordinadora contra el TTIP afirma que dichas declaraciones “sólo buscan ganar tiempo y añadir más desinformación y controversia a este Tratado. Negociándose de espaldas a la ciudadanía y a favor de los intereses de las grandes empresas, las marcas registradas y el futuro cierre de mercados mediante las patentes”.