Son 1.400.000 hogares en los que sufren a diario el drama del paro o, lo que es lo mismo, donde trabaja. Derivada de esta situación hay una realidad más cruda, que es la de diez millones de parados en situación de “relativa pobreza” y otros millones de personas que pueden correr el riesgo de verse “excluidos” de la sociedad.
El informe de Cáritas es alarmante en tanto que Sebastián Mora, secretario general de la organización asistencial, advierte de que “los efectos de la crisis (económica) no han terminado aquí”. Parte de esos datos que arroja el estudio son de la experiencia propia de Cárita que durante 2010 atendió a 950.000 personas, que presentaron 1.800.000 solicitudes de ayuda. Supone un incremento de un 20% más que en 2009 y un aumento del 104% respecto a 2007. Con estas cifras la organización alerta del futuro inmediato que espera a ese medio millón de familias españolas que no tienen trabajo y que no ingresan dinero para subsistir.
La peor parte se la llevan 300.000 personas que perdieron su trabajo y/o consumieron las ayudas oficiales que ofrecía el Estado. Este colectivo, que ha acudido por primera vez a pedir su ayuda pasó de un estado de vulnerabilidad a la pobreza o de la integración social a la vulnerabilidad. Quienes peor lo están pasando son las familias, más incluso que las personas solas, que representan un 24% de las solicitudes de ayudas frente al 74% del total presentado por las primeras.
Otro síntoma de que la crisis se ha cebado con todos los colectivos es que el perfil del demandante de ayuda se ha ampliado a los trabajadores con formación, estudios o que contaban con un amplio curriculum laboral. Y es que la crisis, que se ha prolongado en el tiempo, ha provocado un efecto en cadena en casi toda la escala sociolaboral, de modo que aquells que empezaron en 2008-2009 como desempleados recientes ahora lo son de larga duración. Y estos suelen ser personas jóvenes, de 20-40 años y con uno o dos hijos a su cargo. Aunque otro motivo para la alarma es el de la llamada generación perdida, puesto que cada vez más jóvenes en busca de su primer empleo forman un grueso mayor que solicita la ayuda de Cáritas.
La organización social ha denunciado que existen grandes diferencias entre unas y otras comunidades autónomas, amén de un sistema de la seguridad social que es “frágil” con muchos “huecos y situaciones sin resolver”. Cáritas culpa a la Administración de la respuesta tardía a esa demanda social, porque el plazo de respuesta suele ser de unos 132 días en el caso de la concesión de renta mínimas, mientras que la organización asegura que su respuesta siempre suele estar entre los cuatro días y la semana.
Unas ayudas “insuficientes”, “poco eficaces” y con unos requisitos “cada vez más duros y excluyentes” convierten a la Administración en la cuarta opción para salir de una complicada situación ecónomica siendo la familia, la economía sumergida y la organización asistencial, las tres primeras opciones para hacer frente a la crisis