El abogado de los dos jóvenes condenados hoy por la Audiencia Nacional a pagar una multa de 2.730 euros por quemar fotos del Rey, Benet Salellas, aseguró que pedirán la nulidad del juicio celebrado después de que el juez José María Vázquez Honrubia no permitiese a sus representados expresarse en catalán.
“Vamos a pedir la nulidad del juicio de hoy porque no nos parece que tenga que ver con un juicio justo”, explicó Salellas, al tiempo que aseguró que recurrirán ante el Tribunal Constitucional en caso de que fuese necesario.
“Lo tenemos que acabar de estudiar pero seguro que presentaremos una queja ante el CGPJ, ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, o las dos instituciones”, explicó el abogado, quien también planteó la posibilidad de “emprender algún tipo de acción conjunta con la Administración de Justicia de Cataluña”.
Según dijo, “hoy se ha sentado un precedente en contra de la tradición que se ha venido trabajando en la Audiencia Nacional de que las lenguas autonómicas son también oficiales y no estamos dispuestos aceptar ese precedente”.
El juez Vázquez Honrubia condenó hoy a Jaume Roura y Enric Stern a pagar una multa de 2.730 euros al considerarles coautores de un delito de injurias graves contra la Corona. Esta sentencia no puede ser recurrida en casación al tratarse de un delito de injurias contra la Corona, según explicó el abogado, quien precisó que lo que corresponde es recurrir ante la propia Audiencia Nacional. No obstante, advirtió que todavía están estudiando los pasos a dar ya que “quizá hay que repetir el juicio”.
INCIDENTE EN EL JUICIO
El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrrubia llegó a suspender durante unos minutos el juicio contra los dos primeros jóvenes, quienes se negaron a declarar en castellano.
Desde el inicio de la vista se pronunciaron en catalán y el magistrado consideró su intervención “como si hubieran permanecido en silencio”. En este sentido, el abogado defensor Benet Salellas protestó por esta situación recordando “el derecho de los acusados a declarar en la lengua que deseen” y añadió que la Audiencia Nacional es “una institución con competencia en todo el Estado” en la que “muchos ciudadanos vascos declaran en euskera con intérprete”.
El magistrado contestó alegando que “los acusados entienden perfectamente el castellano por lo que no es necesario un intérprete” y agregó que “en la Constitución Española se recoge el derecho y el deber de conocer el castellano”. Pese a ello, los dos jóvenes continuaron con sus respuestas en catalán.
Esto motivó la reacción del fiscal Ignacio Gordillo, quien pidió buscar una solución para esta situación dado que la secretaria de la sala, al no entender catalán, no podía tomar nota. Por ello, el representante del Ministerio Público pidió la “suspensión del juicio por 10 o 20 minutos”, ante lo que el juez accedió.
Antes de eso, una chica del público presente en la sala interrumpió la vista para decir que ella es traductora y ofreció sus servicios, pero el juez denegó la oferta. No obstante, después de suspender la vista el juez espetó: “la joven que ha levantado la mano, que se acerque”.
Tras la reanudación, la vista continuó sin traductor ya que el juez dijo entender el catalán y sobre la secretaria alegó que el juicio, al estar siendo grabado, podrá ser traducido más adelante. Pese a ello, el fiscal pidió la suspensión del juicio, sin éxito. De este modo, la vista prosiguió con los dos procesados contestando en catalán a las preguntas de Gordillo.