La Defensora del Pueblo Riojano ha rechazado la queja del PSOE sobre la reclamación de las actividades económicas de los miembros del Gobierno de La Rioja. Los socialistas reclamaron esta memoria de actividades ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en las que se relacionaba al consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, con el caso de unas supuestas acciones fraudulentas en una empresa de energía solar y en el caso de la vicepresidenta del Gobierno de La Rioja, Aránzazu Vallejo, y los viñedos ilegales en Alfaro.
Por todo ello, el PSOE de La Rioja solicitó al Gobierno dicha memoria y acudió a la Defensoría del Pueblo ante la negativa del Ejecutivo. Según la Defensoría la queja se recibió un martes, 4 de enero, por parte de una persona que ostentaba un cargo en la Comisión Ejecutivo del PSOE de La Rioja.
Al mismo tiempo, el secretario general del PSOE riojano, Francisco Martínez Aldama, comunicaba este hecho en rueda de prensa: “Hoy hemos puesto en conocimiento de la Defensora del Pueblo que, en el ámbito de sus competencias, tome las decisiones oportunas para que esa información llegue a manos de quien la ha pedido”.
La oficina de la Defensora ha acordado la inadmisión a trámite de la queja y así lo ha comunicado al interesado. Según la Defensoría, la intervención solicitada está fuera del ámbito de competencias de la Defensoría; y, por otra, la petición se enmarca en un debate político del que, la institución ha de mantenerse al margen para preservar la independencia y autonomía que requieren el ejercicio de sus funciones.
La Defensora en su comunicado, quiere aclarar que su misión es supervisar las actuaciones de las administraciones públicas para velar por el respeto a los derechos y libertades de las personas. Esto implica al Gobierno en su función administrativa, pero no en la función de dirección política, que es la que se ve afectada en este caso.
La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, considera que su institución está “al servicio de los ciudadanos, pero no es un órgano de control político”. Así lo cree la Defensora, que entiende que debe “permanecer al margen de los avatares y las discrepancias políticas”.