La Fiscalía General impidió acusar a Pedro Sanz
El ex presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ocupa este jueves la portada de El Mundo. Este diario desvela que fue la Fiscalía General quien impidió acusar a Pedro Sanz ya que, a pesar de que el fiscal del caso vio motivos para actuar contra Sanz “por la construcción de un chalé en terrenos ilegales”, fueron sus superiores quienes consideraron que “hay indicios pero no son suficientes”, por lo que la causa fue archivada.
La información apunta a la Fiscalía General como responsable de haber intervenido en la investigación del chalé del ex presidente “para cambiar el criterio de un informe fiscal inicialmente desfavorable para el actual vicepresidente del Senado”. El Mundo recuerda que la causa por posible prevaricación urbanística fue archivada a finales de enero cuando el fiscal del caso asumió que, “a pesar de haber indicios de delito”, no eran suficientes para ordenar la investigación penal.
El Mundo ya había apuntado esta misma semana a la Fiscalía General como la responsable de que no se llevara a cabo la imputación del Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sanchez. Ahora, se refieren en los mismos términos al caso del ex presdiente riojano y recuerdan que la oposición ha solicitado la comparecencia del Fiscal General en el Congreso.
En la cronología de los hechos, El Mundo detalla cómo Pedro Sanz “fue convirtiendo desde 1982 mediante sucesivas licencias y con permisividad municipal una pequeña caseta de labranza situada en suelo no urbanizable en un chalé de dos plantas y 155 metros cuadrados con jardín de más de 1.000”. Señala además ejemplos concretos como la construcción de un porche de 40 metros y un cerramiento para ampliar la vivienda con un nuevo dormitorio aprovechando una licencia para cambiar tejas y cubrir una terraza.
Relatan además cómo el alcalde de Villamediana decidió no sancionar a Pedro Sanz y “dio impulso en 2013 a un Plan General Municipal en tiempo récord que favoreció la regularización de la vivienda”. En 2016 la juez Esperanza Sánchez dictó un auto por el que ordenaba practicar una serie de diligencias para esclarecer estos hechos.
El fiscal del caso, Luis Gómez de Segura, remitió un informe a la Secretaría Técnica en el que considera a Sanz autor de un delito urbanístico próximo a prescribir. Apunta también que esa circunstancia se podría haber evitado manteniendo la investigación por posible prevaricación que habrían cometido el equipo de gobierno municipal del PP y los miembros de la Cotur que dieron el visto bueno al Plan General.
Sin embargo, tras el recorrido jurídico de este informa, el que finalmente llegó al procedimiento concluye que debe archivarse “no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal”.
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