El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha explicado esta mañana que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la improcedencia del despido de los trabajadores de la Oficina Municipal de Vivienda.
“Desde el PP criticamos desde el primer momento la decisión adoptada por el Gobierno local de cerrar la Oficina Municipal de Vivienda puesto que desde la misma se ofrecía un servicio esencial de asesoramiento en materia de vivienda en nuestra ciudad. Esta decisión conllevó la extinción del contrato de gestión de la oficina y el despido de los cuatro trabajadores. Las consecuencias negativas de estas decisiones se suceden y las pagamos todos los vecinos de la ciudad”, ha señalado el portavoz popular.
En este sentido, Escobar ha explicado que por un lado se acumulan los retrasos en la gestión de expedientes de las Inspecciones Técnicas de Edificios, los vecinos han perdido un servicio de asesoramiento muy importante y, además, va a suponer un coste económico para las arcas municipales puesto que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar los honorarios del Letrado de los trabajadores recurrentes.
“Recordamos que el 1 de septiembre de 2020, el Ejecutivo local adoptó la decisión de cerrar la oficina y la extinción del contrato de gestión con la empresa adjudicataria conllevó el despido de 4 trabajadores”, ha apuntado Escobar. Tras la demanda por los trabajadores se dictaron Sentencias en el Juzgado de lo Social por las que el Ayuntamiento resultó condenado bien a readmitir a los demandantes en iguales condiciones existentes o bien a indemnizarles económicamente, según señala el PP.
“Las Sentencias fueron recurridas en Suplicación por el Ayuntamiento y el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la improcedencia del despido y ha condenado al Ayuntamiento a pagar los honorarios del Letrado”.
“Otro nuevo ejemplo de la ineficacia en la gestión del Ejecutivo socialista, la supuesta remodelación de la Oficina Municipal de Vivienda, como la vendieron en su día, ha resultado ser una actuación chapucera y ha privado a los logroñeses de un servicio municipal esencial en materia de vivienda”, ha señalado Escobar. “Exigimos que se reabra la Oficina Municipal de Vivienda y que continúe ofreciendo un servicio que desde hace 18 años funcionaba muy bien y que en el último año atendió a más de 7.000 usuarios con más de 13.000 consultas”.
Los populares plantean además una estrategia municipal de Vivienda con ayudas directas al alquiler, recuperación de las ayudas para las ITES o aval municipal para primera vivienda entre otras cuestiones. Los populares han criticado la falta de ambición de Hermoso de Mendoza en política municipal de vivienda con decisiones como el cierre de esta Oficina Municipal o la delegación de competencias en el IRVI.
Escobar ha añadido que además el Gobierno socialista en el Estado está aplicando una política populista en materia de vivienda, con una pugna permanente entre PSOE y Unidas Podemos.
“La gestión socialista no está siendo capaz de ofrecer soluciones y medidas adecuadas a uno de los problemas más acuciantes actualmente, la vivienda social. Las entidades del tercer sector están poniendo sobre la mesa y alertando que uno de los indicadores de vulnerabilidad social es la dificultad para muchos colectivos en el tema del acceso a la vivienda”, ha manifestado el portavoz popular.
Los populares han recordado el “tremendo atasco” que existe en la gestión de las ITE, “un atasco originado por el cierre de la Oficina de Vivienda y la falta de personal, que ha supuesto que hayan estado más de un año en un cajón más de 600 expedientes sin resolver ya que hasta cuatro convocatorias de ayudas estaban en tramitación. En concreto, las ayudas para realizar las inspecciones de 2019, y las previstas para subsanar las deficiencias detectadas de 2017, 2018 y 2019”, ha detallado Celia Sanz.
La concejala ha añadido que a fecha actual siguen estando atascados expedientes, ya que hace poco más de una semana el Ejecutivo anunció la concesión provisional de las correspondientes a 2018, pero quedan las ayudas de 2019 y la revisión de los edificios sujetos a Inspección que según el padrón de 2020 y 2021 son más de 800 por año.