El Parlamento de La Rioja ha aprobado este viernes el dictamen de la Ley de Función Pública, elaborado por el Gobierno de La Rioja, y la norma entrará en funcionamiento a partir de su publicación (previsiblemente el 2 de mayo) sustituyendo a la de 1990.
La nueva Ley de Función Pública ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos: PSOE (al que se une la diputada no adscrita expulsada de Podemos Raquel Romero), PP e IU; salvo en siete puntos, y una disposición adicional, en los que el PP ha votado en contra al no haberse subsanado apreciaciones del Consejo Consultivo.
Entre las novedades de la ley se encuentra el desarrollo del Grupo B para aquellos colectivos a los que se les pide como requisito para acceder estar en posesión del título de Técnico Superior, entre otros, agentes forestales, ATEI, ATEMP. Técnico de Laboratorio, Analistas, Técnico informático, o delineante.
Se integran en éste cuerpos del subgrupo C1 a los que, en la actualidad, se exige como requisito para acceder estar en posesión del título de Técnico Superior.
Además, se incluye la carrera profesional estableciendo, por primera vez, que los grados de desarrollo profesional, una vez reconocidos, serán objeto de consolidación, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación del régimen disciplinario para la sanción de demérito.
Todos los puestos estarán dotados presupuestariamente, serán publicados al menos una vez al año en el BOR y entre el contenido de las relaciones de puestos de trabajo aparecen novedades como la localidad, el porcentaje de jornada, así como conocer si el puesto de trabajo es singularizado o no, entre otros.
La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha ensalzado cómo la ley “responde a la negociación y, por tanto, a la mayoría de los representantes de los trabajadores”. También ha valorado el “papel decisivo de los empleados públicos en el estado de bienestar”.
Moreno ha apuntado cómo “gracias al compromiso de las fuerzas políticas” los empleados públicos van a contar con una ley que “mejorará su situción” antes del Primero de Mayo.
El portavoz de Ciudadanos, David Miranda, ha criticado que la norma se apruebe “en un pleno extraordinario en plena precampaña”, considerando que no es la “manera más pulcra de actuar”.
Ha señalado que, desde este grupo, se vota a favor porque “corrige la necesidad perentoria de organización de los cuerpos” y supone unas “condiciones laborales más seguras” y, por tanto, “un servicio público de calidad”.
Ha valorado que se ha reforzado el desarrollo de la carrera profesional; y la protección de las trabajadoras víctimas de violencia sexual.
Ha creído que “debería haberse extendido el ámbito de actuación a todas las entidades satélites de gestión pública mayoritaria”.
El 'popular' Alfonso Domínguez ha sido crítico con el desarrollo de la ley, comparándolo con el hecho de que, hoy, el Consejo Regulador haya calificado de “incomprensible” la actuación de Andreu. “Igual que lo es en la elaboración de las leyes, como en la de Función Pública”, ha dicho.
Ha sido especialmente crítico con que no se habían corregido puntos en los que el Consejo Consultivo ha visto inconstitucionalidad por cuestiones como que se invaden competencias estatales y, por eso, los 'populares' han votado en contra de estos puntos (que aún así han salido adelante).
A este respecto, ha apuntado la cita que se atribuye a Bismark: “Los ciudadanos no deberían saber cómo se han hecho las leyes y las salchichas”. “Las cosas no se hacen así”, ha recriminado.
A su juicio, la ley no ofrece “ningún avance”, porque es un “texto refundido de derechos ya reconocidos, como la carrera profesional”. Ha asegurado que, tras las elecciones, cuando gobierne el Partido Popular, se “reforzarán algunos aspectos”.
La diputada socialista Teresa Villuendas ha valorado que haya sido apoyada por el setenta por ciento de los empleados públicos (aplicando la representatividad de los sindicatos que la han apoyado).
Ha dado las gracias a los sindicatos, porque con sus aportaciones, ha dicho, “lo que han hecho es contribuir a mejorar la calidad de vida de los riojanos y riojanas”. Ha valorado que la ley “garantiza más y mejores prestaciones”.
Ha acusado al PP de intentar “enmarañar la norma” y ha dicho que “14.000 trabajadores público esperan de este parlamento que aprobemos la mejor Ley de Función Pública de La Rioja”.
Ha destacado el proceso de estabilización; y que deja atrás tasa de reposición cero y la congelación de las ofertas de empleo público.