La Ley de Migración deja indefensas a las mujeres centroamericanas en tránsito a Estados Unidos

La Ley de Migración, que actualmente revisa la Cámara de Diputados, no responde a las necesidades de las mujeres centroamericanas que transitan por México rumbo a Estados Unidos, y tampoco a las de las migrantes que se quedan en el país, por lo que de aprobarse se mantendría la constante violación de sus Derechos Humanos.

Lo anterior lo informó Melissa Vértiz Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quien señaló que dicha legislación no regula el acceso a la justicia, educación, salud y empleo para las migrantes, y tampoco resguarda la integridad de quienes cruzan por México rumbo a Estados Unidos.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), cada año ingresan al país 150.000 migrantes sin documentos, la mayoría provenientes de Centroamérica.

De acuerdo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) esta cifra asciende a 400 mil. Según estimaciones del Fray Matías de Córdova por cada 10 hombres que ingresan al país, lo hacen 7 mujeres.

Melissa Vértiz refirió que las mujeres que cruzan el país rumbo a EEUU —conocidas como transmigrantes— se exponen a un secuestro o a agresiones sexuales durante las redadas, cateos y operativos que establece la Ley de Migración turnada del Senado a la Cámara de Diputados, el pasado 3 de marzo.

Además del riesgo de violencia física y sexual, al centrar su enfoque en el de seguridad, la Ley de Migración no protege los DDHH de las personas que atraviesan el país y tampoco de las que se quedan a vivir en México.

Las mujeres que permanecen en el país sufren discriminación, carecen de acceso a la educación a programas sociales e incluso se les niega el registro de sus hijas e hijos nacidos en el país.

También se les dificultan los trámites para regularizar su estancia, las centroamericanas ocupadas en el trabajo doméstico no pueden denunciar cuando no les pagan o sufren violencia por parte de sus patrones.

A las jornaleras que laboran en fincas tabacaleras, bananeras y de frutas, ubicadas en la región del Socunusco en Chiapas, les pagan menos y trabajan en condiciones deplorables. El número de migrantes en la actividad se desconoce, ya que no está regulada.

“La Secretaría del Trabajo no inspecciona y el Instituto Nacional de Migración (INM) sólo se acerca a la zona para hacer redadas”, observó Vértiz.

La ley no toma en cuenta estas necesidades porque su objetivo no es proteger a las y los migrantes sino el territorio, “busca resguardar la seguridad pública, nacional y fronteriza, no los Derechos Humanos de dicha población”, aseguró.

En ello coincidió Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras, quien señaló que al priorizar la soberanía del país sobre las garantías de las y los migrantes, criminaliza a quienes transitan en el país, pues a pesar de haber eliminado el artículo 26, no logra desvincular el tema de seguridad nacional al de migración.

“Preserva el artículo 1 que permite la deportación de extranjeros por seguridad o soberanía nacional, faculta a la Secretaría de Seguridad Pública en el artículo 81 para llevar a cabo acciones de control y revisiones migratorias para los mismos fines, y señala en el artículo 96 que pueden intervenir otras autoridades, como el Ejército”, citó Pérez García.

Mientras la legislación detalla ampliamente las cuestiones de seguridad, entre las que se encuentra los cateos y operativos sin orden judicial, deja “graves vacíos” como la atención a mujeres migrantes, personas adultas mayores y menores no acompañados que ingresan al país sin documentos.

Durante las detenciones, las y los migrantes corren el riesgo de que su estancia se prolongue en las estaciones migratorias, pues en vez de que la deportación a sus países de origen o el trámite de su situación migratoria se realice de forma ágil, pueden pasar hasta dos años encerrados en las estaciones, “como si fueran delincuentes”.