Si una mujer mayor de 16 años acudiera a un centro de salud riojano como el de Siete Infantes de Lara en Logroño y pidiera información para poder interrumpir voluntariamente su embarazo, la respuesta del médico de cabecera podría no corresponderse a la que debe dar según el protocolo que marca la nueva ley del Aborto. Y no sería por dejación profesional del sanitario, sino porque, según confirmaron a este diario, todavía no tiene la información necesaria que entregar a las mujeres que acudan a la consulta.
Y eso pese a que el propio presidente de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró que el Servicio Riojano de Empleo ya tenía lista la documentación sobre el protocolo a seguir y que se había enviado a los centros de salud a través de la intranet para que así llegue más rápidamente a los médicos de familia. Puede que sea un retraso burocrático, mezclado con la incertidumbre de no saber si finalmente el Tribunal Constitucional aprueba los recursos de inconstitucionalidad contra la ley interpuestos por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra.
Pero lejos de polémicas políticas, el Gobierno riojano asegura que cumplirá la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que entró en vigor el pasado lunes. Desde la Consejería de Salud se informaba que ya se había creado el Comité Científico que cada región debía tener para valora las circunstancias de dicha ley además del registro de objeción de conciencia al que los médicos podrán acogerse.
Este registro será confidencial y servirá para que la Consejería estime cuántos médicos están dispuestos a practicar abortos y si son suficientes para atender a las pacientes riojanas. De no ser así, éstas deberán ser atendidas en centros médicos privados o incluso en otras comunidades.
Son los médicos, los que tienen la última palabra. Sobre todo los ginecólogos. Esteban Campeny, presidente del Colegio de Ginecólogos de La Rioja, aseguraba a última hora de ayer por la tarde, que desconocía cómo se iba proceder ante la nueva ley e indicaba que todavía no se había reunido con sus colegas para tratar el asunto, a pesar de que ha sido de sobra conocida la fecha en la que entraba en vigor la nueva ley.
Anteriormente a la ley, en La Rioja sólo se podía interrumpir el embarazo en centros tanto públicos como privado por los dos supuestos: peligro de la vida del feto o de la madre y cuando el embarazo se había producido por una violación. Respecto al tercer supuesto, peligro para la salud psíquica de la madre, los médicos riojanos se negaban a practicar un aborto, por lo que las mujeres debían desplazarse a otros centros de otras comunidades autónomas. EL DOCUMENTO QUE PRONTO TENDRÁN EN SU PODER LOS MÉDICOS RIOJANOS
El documento que recibirán los profesionales sanitarios del SERIS se entregará por éstos a las mujeres embarazas y en él aparece información sobre las ayudas del Gobierno para aquellas que finalmente decidan tener el bebé: asistencia sanitara, ayudas económicas y de empleo, apoyo administrativo… y también el nombre de todas las clínicas públicas y privadas autorizadas donde acudir si deciden interrumpir su embarazo.
Una vez con el documento en su poder, la Administración les obliga a tres días de reflexión antes de interrumpir el embarazo.