“Con la mitad de la población mundial en juego, las conclusiones de este informe son una poderosa llamada a la acción”, indica la directora ejecutiva de la agencia, Michelle Bachelet, para quien “una igualdad completa supone que la mujer sea igual que el hombre ante la ley, en su casa y trabajo y en la esfera pública”. El informe muestra así que, pese a que la violencia doméstica esta tipificada como delito en 125 países, en el mundo hay todavía 603 millones de mujeres que viven en Estados que no la consideran un crimen, o que todavía hay más de 2.600 millones de mujeres que viven en lugares donde la violación marital tampoco está criminalizada.
“A menudo las mujeres sufren injusticias, violencia y desigualdad en sus hogares y trabajos”, dice el informe de la agencia de Naciones Unidas encargada de velar por la igualdad de género, que lamenta la persistencia de esa realidad, pese a que muchos países han cambiado ya sus leyes para combatirla. “Se han logrado muchos avances en las esferas pública y privada en el último siglo. Sin embargo, la discriminación y la injusticia por razón de género siguen siendo frecuentes alrededor del mundo”, señala el estudio.
“Las leyes basadas en la costumbre o la religión, que existen junto a las legislaciones estatales, restringen los derechos de las mujeres dentro de la familia o en el matrimonio, y no les permiten divorciarse ni heredar propiedades”, señala el informe sobre la situación que atraviesan las mujeres en numerosos países. Sobre el ambiente laboral, el informe de ONU Mujeres denuncia que, pese a que 117 países cuentan con una legislación a favor de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, “en la práctica, las mujeres siguen cobrando hasta un 30 por ciento menos que los hombres en algunos países y además, ellas siguen predominado realizando tareas domésticas y de cuidado no retribuidas”.
En cuanto a la representación femenina en la vida pública, el informe afirma que se ha producido un importante aumento en parlamentos como Ruanda, Nepal y España, aunque lamenta que el número de parlamentarias sea menor al 30 % en la amplia mayoría de los países.
Para evitar las situaciones citadas anteriormente, el informe propone una serie de recomendaciones a los Gobiernos, entre ellas destacan la creación de tribunales especializados en delitos contra mujeres y de grupos de información jurídica especializados en los derechos de la mujer, o la contratación de más mujeres en las fuerzas de seguridad, un factor que ha demostrado funcionar en Latinoamérica a la hora de impulsar el número de denuncias de víctimas de la violencia de género.