La ley migratoria aprobada por el estado de Arizona (EEUU) sigue despertando nuevas críticas, en esta ocasión en el ámbito de Naciones Unidas (ONU). Un grupo de expertos en derechos humanos de esta organización internacional ha manifestado su “profunda preocupación” por la Ley Arizona que afecta a las minorías y a los pueblos indígenas.
En un comunicado, los relatores sobre los derechos de los migrantes, el racismo, las minorías, los pueblos indígenas y las garantías culturales y educacionales afirmaron que esas leyes autorizan acciones discriminatorias contra los individuos de varios sectores de la población.
James Anaya, relator sobre las libertades fundamentales y derechos humanos de los indígenas, uno de los signatarios del documento instó a revocar la nueva legislación.“Estamos haciendo un llamado a que estas leyes no se apliquen, a que se evite el peligro que representan, y la mejor manera de evitar que sean utilizadas de forma discriminatoria es que se revoquen”, dijo Anaya.
Por otro lado, América Latina sigue mostrando su rechazo por la nueva legislación de Arizona. El gobierno de Ecuador ha convocado para el próximo viernes una marcha en la ciudad de Cuenca (sur) bajo el lema 'Por el respeto a la dignidad humana' para protestar contra dicha legislación.
La Secretaría Nacional del Migrante (Senami), con el respaldo de diversas autoridades y organizaciones, publicó este martes la convocatoria y lanzó un llamamiento para que la ciudadanía se sume contra una ley que “convierte la inmigración irregular en un delito estatal”, según el comunicado difundido.
“Participa porque esta ley criminaliza a las personas migrantes.
Ven con tu familia, amigos y amigas porque la Ley Arizona obliga a su policía a exigir a nuestros migrantes documentos sólo por la sospecha de ser indocumentados“, explica la nota.
La norma exige que los funcionarios a nivel municipal, condal y estatal de Arizona, incluidos los agentes del orden, que averigüen si una persona es un inmigrante 'con papeles' o 'sin papeles' en caso de que tengan una “sospecha razonable” de que esa persona se encuentra en Estados Unidos de forma irregular.