La polémica suspensión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha llegado al seno de Naciones Unidas. Allí, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha expresado su preocupación por la inhabilitación del magistrado español.
A través de un comunicado, el Grupo explicó que Garzón ha sido sancionado por haber admitido demandas sobre desapariciones forzadas durante la Guerra Civil Española y el régimen de Franco, inadmisibles debido a la ley de Amnistía de 1977. Los expertos afirmaron que la desaparición forzada es un delito continuo que no acaba hasta que no se aclare la suerte corrida por la víctima.
Según los expertos, una ley de amnistía contraviene la Declaración sobre la Protección contra la desaparición forzada cuando un Estado pone fin a su obligación de investigar, procesar y castigar a los responsables de esas desapariciones. Esto ocurre incluso cuando esa ley ha sido apoyada por un referendo u otra consulta similar, señala el grupo de la ONU.
El Grupo también subrayó el derecho a la verdad, del que gozan las familias de los desaparecidos.