La Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja (PIR) ha convocado este lunes una concentración frente a la Delegación del Gobierno (a las 17.45) para “denunciar el uso abusivo de las contrataciones temporales” que las administraciones “llevan haciendo durante años sin ningún tipo de sanción, incumpliendo la normativa española en materia de Función Pública y el Derecho de la UE”.
“Tras años denunciando esta situación en La Rioja y ante el continuado incumplimiento de las leyes españolas y la normativa europea por nuestra Administración es necesario que se actúe con responsabilidad y se inspeccione el abuso de temporalidad. El respeto por las leyes, por nuestras familias y por nosotros mismos nos lleva a la huelga el próximo mes de marzo”, han señalado desde el colectivo.
“Desde hace más de 20 años, todas las Administraciones Públicas españolas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades de las plantillas que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país”, han explicado.
Y desde la PIR añaden que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador. Las dos únicas opciones son:
A) indemnizaciones disuasorias en favor de los trabajadores víctimas del abuso (si así lo recoge el ordenamiento jurídico del país miembro de la UE). B) Estabilización en su empleo de los trabajadores víctimas del abuso“.
“El 14 de febrero de 2016 (hace ya 5 años) el TJUE admitió el abuso cometido por la Administración española sobre 2 trabajadores temporales. 800.000 trabajadores se encuentran en esa misma situación en toda España, más de 4.000 en La Rioja: médicos, enfermeras, profesores, trabajadores de ayuntamientos, Comunidad Autónoma...”, han insistido.
Y han subrayado que “de manera absurda, gobiernos y sindicatos subvencionados mezclan los sistemas de acceso a una administración de la que ya formamos parte, con la sanción que todo empleador tiene por saltarse las leyes, sea éste público o privado. Como volvió a recordar por enésima vez el TJUE en su sentencia de 19 de marzo de 2020 solo cabe la estabilización de los trabajadores o que sean resarcidos con una indemnización disuasoria como sanción al abuso cometido por la administración”.
“Cinco años llevamos denunciando esta situación. Cinco años hablando con los distintos gobiernos. Y después de cinco años, los gobiernos siguen estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias administraciones mientras se van sucediendo los ceses de empleados, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales que han llevado a la huelga a los médicos y resto de sectores públicos en Canarias. A esta huelga se sumarán los trabajadores públicos en abuso de La Rioja en el próximo mes de marzo y no se detendrá hasta que el gobierno proponga una solución acorde con la Directiva de la UE 1999/70/CE”, afirman.
Para la PIR, “en este escenario de desamparo e incertidumbre para miles de familias, que afecta principalmente a mujeres con una media de 50 años sin opción a incorporarse al mercado laboral si son cesadas, la Comisión Europea tiene abierta una denuncia por incumplimiento de la Administración en España, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción”.
“Si en el Sector Público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá fin a la temporalidad abusiva”, han concluido.
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