La Comisión de Economía del Senado debatirá este martes las enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, entre las que se incluye una propuesta del PP que plantea eximir de la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a las entidades financieras cuando, como consecuencia del acuerdo para la constitución de un Sistema Integral de Protección (SIP), se alcance “directa o indirectamente” el límite del 30 por ciento en los derechos de voto en una “entidad cotizada con naturaleza de entidad de crédito”.
Esta modificación legal afectaría directamente a la situación del SIP conformado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja después de ceder al Banco Financiero y de Ahorros -la sociedad central- los derechos de voto en las sociedades controladas por dichas entidades.
Y es que dentro de esta cartera de sociedades participadas de las siete cajas, se encuentra la sociedad cotizada Banco de Valencia, cuya participación del 38,4 por ciento choca con la normativa sobre Mercado de Valores, por la cual no se puede rebasar el 30 por ciento sin lanzar una OPA.
En tal sentido, el SIP anunció en diciembre su intención de llevar a cabo una reducción en esta participación -una vez analizadas las posibles alternativas para causar “el menor impacto posible en el mercado”-, aunque el presidente de Bancaja , José Luis Olivas, ha aclarado que la intención no es, en ningún caso, vender el Banco de Valencia.
Sin embargo, de ser aceptada la enmienda, que el PP justifica por facilitar el proceso de reestructuración del sistema financiero de forma que la cartera industrial de las entidades “no se vea afectada por el mero hecho de crear un SIP”, la norma entraría en vigor antes del plazo de tres meses con el que la nueva entidad cuenta para resolver esta situación.
FISCALIDAD DE LAS SIP
Por otro lado, los 'populares' han llevado a la LES su propuesta para que los SIP tributen en el Impuesto de Sociedades como las fusiones reales, para “evitar efectos no deseables que impacten negativamente en la eficiencia y competitividad de los nuevos grupos financieros”, que están obligados a “soportar los costes e ineficiencias” de este hecho.
El PP considera necesario modificar la vigente regulación normativa en materia de régimen fiscal de grupos de sociedades pensada para grupos basados en el dominio accionarial “pensada para grupos basados en el dominio accionarial”, para dar cabida en ella a los grupos consolidables de entidades crédito creados mediante los SIPs.
De esta forma, aunque no puedan actuar como una única entidad, podrán al menos operar como un grupo empresarial a todos los efectos, como una “realidad económica nueva y esencial de nuestro tiempo” y en los que concurren “sobradamente” los elementos claves en un proceso de consolidación.
EL GOBIERNO LO ESTÁ ESTUDIANDO
El secretario de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, aseguró el pasado mes de noviembre a Europa Press que el Gobierno estudia esta posibilidad pero que el SIP es un modelo nuevo de funcionamiento empresarial y que habrá que determinar si se debe considerar o no como un grupo empresarial consolidado.
En este sentido, insistió en que si las cajas que conforman los SIP consolidan, el criterio general tiene que ser el mismo, tanto para estas entidades financieras como para las empresas. No obstante, el Ejecutivo todavía no ha tomado una decisión al respecto.