La Comunidad de La Rioja es una de las autonomías que registra un menor número de empresas públicas, con 11, según el Informe Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundaciones de 2006, hecho público esta semana por la Intervención General de la Administración General del Estado (Igae) y al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, el informe recoge que la Generalitat contaba con 110 empresas públicas, seguida por el País Vasco, con 93 empresas, y Andalucía, con 76. Las tres aglutinan al 36 por ciento de empresas públicas de titularidad autonómica.
Les siguen la Comunidad de Madrid, con 58 empresas; Generalitat Valenciana, con 56 empresas; la Diputación General de Aragón, con 45 empresas públicas; el Principado de Asturias, con 44; la Comunidad Foral de Navarra, con 40 empresas; la Xunta de Galicia, con 39 empresas; Cantabria, con 38 empresas; la comunidad de Baleares, con 36 empresas; Canarias, con 34 empresas públicas; la Región de Murcia, con 27; la Junta de Extremadura, con 24 empresas; la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con 19 empresas públicas; la Junta de Castilla y León con 19 empresas; la ciudad autónoma de Ceuta, con 12 empresas; La Rioja, con 11 empresas; y la ciudad autónoma de Melilla, con cuatro empresas públicas.
Además, existían dos empresas públicas que pertenecían a varias comunidades autónomas, de forma que en 2006 el número de empresas públicas de las autonomías ascendía a 787 empresas, un 90 por ciento más que las 421 registradas diez años antes, en 1997.
El informe apunta además que en esos diez años el Gobierno redujo en un 26 por ciento las empresas públicas estatales, al pasar de 383 a 283 empresas.
En cuanto al inventario de las fundaciones públicas, la Xunta de Galicia poseía 62 fundaciones públicas; la Generalitat Valenciana, 33; la Generalitat de Catalunya, 28; Castilla y León, 25; Comunidad de Madrid, 25; Baleares, 22; Andalucía y Castilla-La Mancha 19 cada una; País Vasco, 18; Murcia, 13; Canarias, 12; Navarra, 10; La Rioja, nueve; Aragón, nueve; Extremadura, seis; Cantabria, cinco; y Asturias una.
Por otro lado, existían 587 consorcios de ámbito autonómico en España a 31 de diciembre de 2006, de los que unos 458 eran consorcios en los que ninguna de las administraciones consorciadas ostentaba individualmente una posición dominante, mientras que el resto, 129, eran consorcios con posición dominante de una comunidad autónoma.