El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, participó ayer en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se han fijado las cuantías de financiación para las Comunidades Autónomas. La cantidad asignada a La Rioja por entregas a cuenta alcanza los 1.155 millones de euros. A su vez, el Estado transferirá a La Rioja otros 30,7 millones de la liquidación positiva correspondiente a 2021, con lo que, en total, la Comunidad Autónoma recibirá la cifra récord de 1.185,7 millones de euros, el 23,3% más que el año anterior.
González ha indicado que “la cuantía que recibirá La Rioja nos va a permitir elaborar unos Presupuestos con los que nuestra región pretende consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto internacional de incertidumbre motivado por la guerra de Ucrania”.
El titular de Hacienda y Administración Pública ha subrayado que La Rioja ya ha iniciado el proceso de elaboración de las cuentas públicas el pasado 31 de mayo con la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2023.
La Rioja aprobará el límite de gasto no financiero –techo de gasto- en Consejo de Gobierno antes de que finalice el verano. “Nuestros presupuestos para 2023 buscarán proteger y reforzar a la mayoría social, así como a los colectivos vulnerables y el tejido productivo por el impacto del alza de precios producida en el sector energético”, ha señalado González.
Las CCAA amplían su margen de déficit hasta el 0,3%
En el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera también se ha informado del mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Esta medida, también aprobada en años anteriores, está avalada por la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, también en el ejercicio 2023. De esta forma, se dota de mayor flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis derivada de la invasión de Ucrania.
La suspensión de las reglas fiscales no implica abandonar la responsabilidad fiscal, sino que el compromiso con la reducción del déficit público se mantiene con una senda descendente que llevará al déficit por debajo del 3% en 2025. En este sentido, la suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad, que, sin embargo, son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit.
La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Como se ha indicado en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la principal novedad radica en el mayor margen de gasto para las Comunidades Autónomas, que pasan de una tasa de referencia del 0,1% contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, a una tasa del 0,3% para 2023. Son dos décimas más de déficit que, como ha subrayado Celso González, “nos darán a las Comunidades Autónomas la capacidad de inversión necesaria en políticas claves como son la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales”.