El Presidente de CSIF La Rioja, Jesús Vicente Hernández, analiza la situación de los funcionarios riojanos tras la manifestación que consiguió movilizar a 80.000 personas en Madrid para protestar por la situación económica tan alarmante que sufre el país. “Todos los productos de primera necesidad han subido: los alimentos básicos de la cesta de la compra, los carburantes, la energía… pero no los salarios, por lo que los ciudadanos han sufrido una enorme pérdida de poder adquisitivo que se traduce en el empobrecimiento social”, asegura Hernández.
¿Qué valoración hace de la manifestación?
Para nosotros el 24 de septiembre de 2022 va a ser recordado como un momento histórico, era la primera vez que el sindicato CSIF convocaba al conjunto de la ciudadanía. Movilizar a 80.000 personas que salieron a la calle a protestar, para nosotros significa que la Administración debe tomar medidas urgentes.
Como consecuencia de esa manifestación, el Ministerio de Hacienda convocó la Mesa de Negociación que llevaba dos años parada ¿qué ocurrió?
La negociación para alcanzar un acuerdo en materia retributiva y de condiciones laborales, se llevó a cabo en apenas seis horas e inexplicablemente en tan corto espacio de tiempo, CCOO y UGT dieron un voto favorable. Para CSIF fue sorprendente que no se intentaran mejorar las condiciones que el Gobierno ofrecía ya que claramente eran insuficientes ante las pérdidas y carencias que llevamos sufriendo a lo largo de los años, por lo que nuestra postura era clara y rotunda, votamos en contra.
Este acuerdo solo supone un incremento fijo del 6% y un variable del 1,5% (condicionado al PIB y al IPC) en tres años (2022,2023,2024). Los empleados públicos en la última década llevamos arrastrando una pérdida de poder adquisitivo de más del 20%, la totalidad de este acuerdo ni tan siquiera cubre la previsión de IPC del 2022, que se sitúa por encima del 9%, suficientes razones para ser inaceptable el acuerdo.
¿Cree usted que este acuerdo perjudica entonces a los empleados públicos?
Sin ninguna duda. La previsión de inflación del Banco de España para el 2023 es del 5,6%, con este acuerdo lo único que conseguiremos los empleados públicos es seguir perdiendo poder adquisitivo.
Desde CSIF compartimos las palabras de la Ministra de Trabajo, en las que pedía que los convenios de empresa privada se adecuaran a la subida de IPC. No olvidemos que el Gobierno es la patronal de los empleados públicos. Este Gobierno sigue siendo el de “consejos vendo y para mí no tengo” y lo malo de esto es que existan organizaciones sindicales que a las primeras de cambio aceptan propuestas totalmente insuficientes.
Hablemos ahora de La Rioja, ¿cuál es la situació de los empleados públicos de nuestra comunidad?
Los problemas son los mismos en todas las comunidades. En La Rioja lo más preocupante es la escasez de personal en todas las administraciones riojanas. Servicios esenciales como SANIDAD, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, ATENCIÓN AL CIUDADANO O SERVICIO DE EMPLEO, INSS no tienen los recursos humanos suficientes y el Gobierno hace oídos sordos.
Esto repercute directamente a los ciudadanos: se están incrementando considerablemente las listas de espera para consultas y operaciones en el SERIS, la situación en las residencias de personas mayores está al límite de poder dar un adecuado servicio, cada vez cuesta más ser atendido en el servicio de empleo, ¿por qué? porque faltan trabajadores para poder atender estas necesidades.
¿Cuáles son las condiciones de estos trabajadores que están desempeñando sus funciones?
Tenemos profesionales mal pagados y valorados, somos incapaces de retener a nuestros trabajadores porque las condiciones laborales en las comunidades limítrofes son infinitamente mejores a las que se les ofrecen aquí.
Tenemos unos acuerdos que no se han negociado en más de una década el de la CAR caducó en 2011 y en 2008 el del SERIS y desde entonces se ha modificado escasamente, con todas las variaciones que han existido en las administraciones.
Vamos ahora al sector educativo, ¿qué problemas existen en la enseñanza pública?
Padecemos una gran inestabilidad legislativa, las leyes educativas se modifican al antojo del partido en el Gobierno. Hoy en nuestras aulas conviven dos decretos educativos: para los cursos pares y para los impares, todo un despropósito que lo único que hace es incrementar la carga burocrática de los docentes y de equipos directivos.
Nos preocupa mucho la escuela rural, los niños de nuestros pueblos tienen el mismo derecho que los de las ciudades, y aunque se supone que es un pilar básico para el Gobierno (o eso dice), no se ha hecho nada de nada. Ni incremento de docentes, ni incremento de personal de apoyo para atender las distintas realidades del aula, ni incentivos para que los profesionales se mantengan en esos centros, lo único que se ha incrementado es la palabrería del Gobierno, pero hechos ninguno.
Y se perpetúan otros como: falta de autoridad docente.
Y, ¿cómo se encuentra el SERIS?
El SERIS está agotado y decepcionado. Los profesionales están mal pagados y muy despreciados por sus dirigentes.
Existen unas listas de espera vergonzantes fruto de la falta crónica de personal, la actual lista de espera no se soluciona ni trabajando un año entero mañana y tarde todos los profesionales que hay ahora. Además, la actividad extra se paga mal.
No hay presupuesto para pagar a los profesionales de la Sanidad, pero sí para el ingente número de asesores y altos cargos de este Gobierno. Nuestros vecinos del País Vasco han habilitado una partida presupuestaria adicional de 300 millones de € para este fin.
Administrativos sin promoción interna desde hace 30 años, la enfermería no cobra el solape por el exceso de tiempo. El precio de la hora de guardia no se actualizaba desde hace 13 años y aunque se acabade revisar sigue estando en los últimos lugares del ranking de comunidades.
El SERIS se sostiene únicamente por la pura responsabilidad de sus trabajadores.
¿Y en Justicia?
Tenemos los mismos problemas que en resto de la administración: falta de personal en determinados órganos como el Registro Civil Audiencia provincial; Falta de medios materiales, por ejemplo: en los Juzgados de Paz con edificios totalmente obsoletos; inexistencia de carrera profesional y promoción; ausencia de negociación en temas importantes como la implantación de los Tribunales de Instancia.
¿Cómo se puede poner solución a esto?
Hay que mejorar el funcionamiento de las bolsas de empleo, ofreciendo la posibilidad de promoción a los empleados públicos que cumplen requisitos para poder acceder a ese puesto vacante.
Es necesaria una actualización generalizada de niveles y específicos, que palie las diferencias económicas con nuestras comunidades limítrofes.
Es necesario establecer mecanismos para que los empleados públicos puedan ir subiendo de nivel dentro de su categoría hasta alcanzar el máximo.
Llevamos años reclamando un manual de funciones por categorías y/o cuerpos, que permita conocer las atribuciones de cada trabajador.
Desde CSIF estimamos que la Administración riojana necesita una reforma profunda donde prevalezca la profesionalidad de los empleados públicos frente a la imposición política de asesores y altos cargos, necesitamos una administración que permita dar un servicio de calidad a la ciudadanía dotada del personal suficiente e impedir la constante fuga de profesionales hacia otras comunidades autónomas que les ofrecen mejores condiciones retributivas y laborales.
Que se convoquen las plazas necesarias para poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía y acabar con la escasez de personal que se está cronificando en la administración.