El fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, prevé se alcancen los 60.000 diligencias urgentes por estos delitos para finales de año y las condenas ronden la cifra de 50.000.
Del total de procedimientos iniciados por estos tres tipos de delito, unos 29.800, el 93% se tramitó mediante diligencias urgentes (juicios rápidos) sin los cuales según la Fiscalía “no habría sido posible la aplicación de la reforma del Código Penal”. Además, informó Vargas, de las más de 26.800 sentencias condenatorias, un 94% (25.208) fueron de conformidad con el procesado, lo que produce el inmediato dictado de condena. Un 4% se tramita por diligencias previas, lo que alarga el proceso entre cuatro y diez meses, apostilló.
En la actualidad la mitad de los juicios rápidos que se celebran en los juzgados de guardia españoles tienen que ver con delitos contra la seguridad vial. Según explicó Vargas, pese a la cifra de procedimientos y el “incremento sustancial” de los mismos tras la citada reforma, “no se están produciendo disfunciones en el normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales”.
A LA CÁRCEL, EL 0,26%
En cuanto a las sanciones impuestas, sólo un 0,26% de los condenados acaba cumpliendo una pena de cárcel, pues, según explicó Vargas, la Fiscalía solicita el ingreso en prisión “como último recurso” y ante un manifiesto “menosprecio” por la vida y las normas.
Este es el caso de los multireincidentes, una población estimada en el cinco por ciento de los condenados y que engloba tanto a los “conductores asociales” y los llamados “conductores suicidas”, como a las personas con “problemas de adicción o consumo habitual” de alcohol y otras sustancias, tal y como explicó el fiscal delegado.
Desde la entrada en vigor de la reforma, un centenar de conductores ingresaron en el sistema penitenciario, donde a fecha 30 de junio, había 1.741 personas cumpliendo pena por delitos de tráfico, la mayoría por delitos anteriores y no exclusivos contra la Seguridad Vial, que aparecen como agravantes en otras condenas.
En paralelo, a 30 de junio de 2008, se habían producido 26.800 privaciones judiciales del permiso de conducir, pena obligatoria en todos los casos, y se habían dictado 787 retiradas o suspensiones cautelares del carné durante la tramitación del procedimiento.
Entre ellos, existe un “porcentaje no determinado” por la Fiscalía que cumple condena por delitos de homicidio imprudente. Asimismo, Vargas apuntó que se han producido “algunas sentencias” y “algunos ingresos en prisión” por delitos de lesión imprudente, conducción temeraria y participación en carreras ilegales.