La portada de mañana
Acceder
El Gobierno da por imposible pactar la acogida de menores migrantes con el PP
Borrell: “Israel es dependiente de EEUU y otros, sin ellos no podría hacer lo que hace”
Opinión - Salvar el Mediterráneo y a sus gentes. Por Neus Tomàs

Las niñas, las mayores víctimas de la trata

Rioja2

0

La ONG Save the Children ha alertado de el alto número de víctimas de la trata, que cada año afecta a unos 2.500.000 personas, la mayoría mujeres y niñas.

La ONG considera fundamental sensibilizar a los ciudadanos sobre una realidad de la que no se conoce su magnitud y cuyas víctimas pasan inadvertidas. Así como hacerles partícipes de su responsabilidad social en la tarea de denunciar estas situaciones.

Por otro lado, la organización también hace un llamamiento a que las instituciones públicas trabajen junto a la sociedad civil para lograr una mayor eficacia en la protección de los niños y niñas víctimas de la trata.

Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children, refiriéndose al caso de España, ha declarado que “España es un país de tránsito y destino de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación laboral (o lo que se conoce como explotación para la comisión de hurtos y mendicidad) y explotación sexual”.

Los menores víctimas de la trata no tienen un perfil fijo, sino que depende, en gran medida, de las dinámicas de las redes de explotación y de las demandas de los clientes de servicios sexuales. No obstante, la mayoría suelen ser niños en torno a los 16 años, de origen comunitario y, en menor medida, también se han encontrado víctimas menores de edad de origen africano.

Por último, Román ha concluido haciendo un llamamiento a los sistemas de protección de la infancia, así ha declarado que “desde Save the Children nos preocupa que actualmente el sistema de protección a la infancia no está preparado para identificar los casos, ni abordar las necesidades específicas de las víctimas de trata con fines de explotación sexual de menores de edad. Estos recursos deberían contar con personal cualificado y ofrecer asistencia de tipo psicológico, jurídico y social (con medidas educativas y de inserción laboral) con el fin de reparar los derechos de las víctimas”.