CSIF asegura que las medidas que ha anunciado, no han sido tomadas en ninguna capital de provincia de España, y en todas ellas tienen más incrementos en personal que el Ayuntamiento de Logroño. Además, añaden, en la mayoría de ellas, la crisis está azotando más fuerte que en esta Comunidad. Pero creen que la cercanía de las elecciones y la avidez por captar votos, son los causantes de este afán del edil por acaparar dinero público.
Para conseguir sus propósitos aseguran que Urquía no ha tenido ningún reparo en ignorar la Ley. Recuerdan que, para que el incumplimiento de acuerdos alcance la legalidad, el Ayuntamiento debe declararse en “bancarrota”, e incapaz de dar los servicios esenciales mínimos. Así, lo dice el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público: “Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas…”.
CSIF no puede creer que el Ayuntamiento de Logroño sea el único de España que está en esta situación económica. Si es así ¿Por qué mantiene asesores para su campaña política por más de 1.000.000 de euros?
Mientras el Ayuntamiento anuncia “incumplimientos y suspensiones” de acuerdos pactados con los funcionarios, anuncia:
- Gasto en festejos y concursos pirotécnicos por casi 100.000 euros.
- Contratar por 75.862 un servicio de vigilancia y seguridad para los actos de fiestas, menospreciando a los funcionarios policiales.
- Acondicionar jardines históricos por 318.618€ por empresas privadas cuando se puede realizar por los propios empleados públicos.
- Externalizar a empresas, servicios y tareas por un 1.500.000 de euros, inutilizando a los funcionarios consistoriales.
- Gastar 405.503€ en un servicio de asesoramiento de viviendas que no se utiliza.
- Gastar en una trituradora de papel 12.000 euros cuando las hay de 50.
También CSIF manifiesta que es falso que se haya subido a los funcionarios un 5% el año pasado y que existan en el Ayuntamiento más de 670 que ganan más de 30.000 euros.
Consideran que Vicente Urquía ha actuado de forma indigna e impropia de un ex sindicalista; CSIF como sindicato profesional de los funcionarios exige la declaración de persona NON GRATA entre los funcionarios y su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Logroño; o si no, el cese inmediato de sus superiores.