Decenas de familias podrían ser desahuciadas en los próximos días por las deudas de Levalta con la Sareb

Las primeras ejecuciones de desahucio estaban previstas para poco después de las once de la mañana. A partir de esa hora, en tramos de diez minutos, seguían todas las órdenes que dejarían vacío un portal entero de la calle Concepción Arenal, en el barrio logroñés de El Campillo. El edificio es propiedad de la promotora Levalta, como los otros tres portales que componen el bloque que se ubica entre las calles Segundo Arce y Francisco Sáez Porres. Sobre uno de ellos pesa también una orden de ejecución para esta misma mañana. Los otros dos, podrían correr la misma suerte.

Casi todos los pisos están ocupados y la totalidad de sus inquilinos (en régimen de alquiler con opción a compra) se encuentran al corriente en todos sus pagos. Aun así, podrían verse en la calle si la orden de desahucio llega a ejecutarse. No tienen ninguna deuda pero la constructora propietaria del inmueble sí los tiene, y ellos pueden llegar a pagar las consecuencias.

En agosto de 2014 recibieron una carta en la que el Juzgado les comunicaba que, a partir de ese momento, dejarían de pagar el alquiler a Levalta para depositarlo en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado. Este documento dejaba claro que se había “decretado el embargo sobre la totalidad de las rentas” de Levalta. Continuaba el documento judicial señalando que esas rentas serían retenidas “hasta cubrir las sumas reclamadas” a la promotora, que ascienden a 4,7 millones de euros.

A partir de ese momento, los vecinos comenzaron a pagar sus alquileres al Juzgado y el importe correspondiente a los gastos de comunidad, a la empresa. Sin embargo, Levalta siguió haciendo contratos y llegaron tras esta notificación nuevos inquilinos que, al parecer, no sabían nada de esta situación. Todos ellos han estado pagando sus rentas a Levalta sin que la promotora les haya alertado de su quiebra ni el Juzgado les haya reclamado la retención de sus pagos.

Por si fuera poco, la situación se ha agravado en los últimos días. La pasada semana, algunos vecinos recibieron en sus domicilios, en persona o por debajo de la puerta, una notificación de “posesión” del inmueble, es decir, de desahucio. Les informaban de que deberían retirar todas sus posesiones del interior de las viviendas antes del día 27 de octubre en unos casos y 28 de octubre en otros.

Lo curioso es que ninguno de ellos debe dinero. Es Levalta quien tiene la deuda y la Sareb (el banco malo participado en un 45% de capital público) quien la reclama.

Rioja2 asistió ayer a esa primera jornada en la que los inquilinos esperaban sin saber qué podría pasar. Algunos habían solicitado una paralización del procedimiento en el Juzgado, otros simplemente esperaban. Ningún movimiento en toda la mañana. La orden no se llevó a ejecución.

Desinformación e indefensión de los vecinos

La confusión es el principal nexo de unión entre todos los inquilinos. Ninguno parece saber a lo que se enfrentan porque nadie les informa. “En el Juzgado nos dicen que está paralizado hasta nueva orden pero no sabemos hasta cuando”, explica uno de ellos, “no sabemos si es que no saben o es que quieren hacerlo de tapadillo para que nos encontremos indefensos cuando vengan a sacarnos de nuestras casas”. De la constructora no saben nada.

“No sabemos qué hacer, no tenemos ninguna información y tenemos miedo a encontrarnos cualquier día con que no podemos entrar en casa o, en el caso de los que siguen pagando a la constructora, temen que el banco les pueda llegar a reclamar algo por estar viviendo en un piso embargado”, continúan.

Hay varios vecinos buscando ya otras alternativas de vivienda, los que pueden, piensan en marcharse, aunque pierdan todo lo pagado en un alquiler con opción a compra. “Yo mismo estoy buscando piso porque bastantes problemas tenemos ya todos en nuestra vida cotidiana como para asumir otros que no son nuestros”, afirma uno de los inquilinos, “no tenemos ninguna culpa, nosotros no hemos hecho nada malo”.