El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha desvelado hoy que el Gobierno de La Rioja tiene dos contratos con Aralia Servicios Sanitarios S.A, empresa investigada por la Trama Enredadera y controlada por Jose Luis Ulibarri, detenido por esta trama e investigado por la Gürtel.
Antoñanzas ha dado una rueda de prensa en la que ha preguntado al Gobierno de La Rioja por qué ocultó, en la nota de prensa en la que aclaró que no tenía contratos con Aplicaciones Gespol, que sí tiene dos contratos con otra empresa de la trama.
“La trama Enredadera es mucho más amplia que una sola empresa, Gespol, y hace pocos días diario La Rioja publicaba que hay doce empresas que se están rastreando por su posible vinculación con la trama”, ha relatado.
Una de estas empresas, ha indicado, es Aralia Servicios Sanitarios S.A. con sede en Valladolid, pertenece a un grupo propiedad de José Luis Ulibarri, que está en prisión tras ser detenido por considerarse uno de los “máximos responsables de Enredadera”, acusado de un presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios.
El presidente del PR ha relatado cómo la respuesta “tan simple” del Gobierno de La Rioja indicando que no tenía contratos con Gespol hizo al Partido Riojano “rastrear” y, por fín, encontrar que “el Gobierno de La Rioja tiene, al menos, dos contratos con una empresa relacionada con la trama con un importe de más de tres millones de euros”.
Se trata de un contrato para un servicio de centro de día para mayores dependientes en Alfaro, y que se adjudicó el 9 de octubre de 2017 por 48 meses y 1,7 millones de euros; y de otro, también para un centro de día, en Santo Domingo, adjudicado el 10 de julio de 2018 por 1,3 millones.
“Quiero dejar claro”, ha dicho Antoñanzas, “que esto no tiene que implicar ningún tipo de irregularidad”. Sin embargo, “uno se adjudica cuando ya se sabe que Aralia está en Enredadera, días después de que se registrase el Ayuntamiento de Logroño y cuando quién controlaba la empresa ya estaba en prisión”.
Antoñanzas no ha obviado que estos contratos se hacen con la consejería de Políticas Sociales, cuyo responsable, Conrado Escobar, aparece en las escuchas telefónicas en boca del presunto conseguidor de contratos públicos con sobornos, a la sazón relacionado con el PP porque apareció en una lista electoral en 2015.
Por ello, ha creído imprescindible que, tal y como reclamaba ayer el Grupo Parlamentario Podemos, Escobar acuda al Parlamento de La Rioja a dar explicaciones. Y ha visto justificada su intervención en la comisión de investigación en el Parlamento.
'Aralia servicios sociosanitarios', empresa que gestiona residencias en toda España, pertenece a un grupo empresarial llamado 'Grupo Begar', propiedad de José Luis Ulibarri. En Aralia aparecen como administrador solidario su mujer, Milagros Fernández, y su hijo, Enrique Ulibarri Fernández; y como director general y financiero su yerno, Álvaro Durán.
“La información no implica irregularidades ni duda en la honorabilidad del consejero Conrado Escobar, pero es una prueba más de que es necesario que, de forma urgente, de explicaciones a la sociedad riojana”, ha creído Antoñanzas.