En los últimos días el consejero de Presidencia, Emilio del Río, visitaba el Centro Virgen de Valvanera con alumnos de Trabajo social para que conocieran “la excelente labor que se desarrolla en el centro para lograr la reinserción social y laboral de los menores”.
El objetivo de la visita, decía el propio Del Río, es acercar “a los alumnos el excelente trabajo que se desarrolla para conseguir la definitiva reinserción social y laboral de los menores”. “Un trabajo desarrollado por un equipo integrado por psicólogos, trabajadores sociales, profesores y educadores especializados que realizan un proyecto educativo individualizado para cada menor”.
Sin embargo la realidad no es tal. El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha desvelado que la “directora y el subdirector del centro han sido imputados por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral”.
La abogada del menor, Isabel Juanes, detalla que la imputación de la directora y del subdirector se debe a una denuncia interpuesta por el padre del menor “por extraerle sangre sin su consentimiento, por ser vigilado por un educador mientras se duchaba y por ser cacheado con denudos integrales después de recibir visitas”.
El menor, explica la abogada, sabía cuáles eran sus derechos porque así le había informado yo y sabía que podía negarse a que le extrajeran sangre sin su consentimiento, “pero aún así lo hicieron. En ocasiones, no siempre, un educador presenciaba mientras el menor se duchaba y, sobre todo, porque sistemáticamente cada vez que recibía visitas, sobre todo las mías, era sometido a cacheos con desnudos integrales”.
Situaciones, asevera, que no se ajustan a derecho y que son humillantes para el menor. Por esta razón, la familia decide interponer una denuncia en el Juzgado de Guardia y “ahora se está instruyendo el caso en el Juzgado número 3 de Logroño, se están realizando las diligencias previas por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral contra la directora y el subdirector del centro”.
Pero no es el único proceso abierto porque la semana que viene se lleva al Tribunal Constitucional otro procedimiento penal cuyo origen está en un informe del médico forense del Instituto de Medicina Legal de La Rioja.
El 31 de julio de 2014, asevera Juanes, el menor fue sometido a una contención. “Una reducción física por parte del personal de seguridad privado, porque no hay que olvidar que el centro se ha privatizado y lo gestiona una empresa privada, y por el subdirector del centro que le pone la rodilla sobre la cabeza”. El menor tumbado sobre la cama boca abajo, detalla, es reducido por el personal de seguridad y el subdirector del centro, se le engrilleta y se le conduce a una habitación, una celda, separado del resto de internos donde permanece cinco días.
A raíz de esta contención “y de esos golpes, presentamos otra denuncia en el juzgado número 2 de Logroño que es quien determina que el menor sea visto por el médico forense. ”Hay un parte de lesiones que se objetivan 24 horas después, marcas de grilletes y golpes que se estiman necesitan una curación de cinco días“. El menor tiene que acudir dos veces más al San Pedro, una a Urgencias y otra a la unidad de oftanmología”. El 8 de agosto se produce otra denuncia por una contención similar.
Unos hechos censurados por el presidente del Partido Riojano que ha pedido explicaciones al Gobierno de La Rioja. La visita del consejero de Presidencia, “es una nueva mentira”. “Los excesos verbales y físicos están a la orden del día en un centro en el que los derechos de los menores están constantemente cuesionados, cuando no vulnerados”.
A no ser, dice González de Legarra que “Emilio del Río considere que los golpes , las palizas, las vejaciones físicas y morales, la utilización de celdas de castigo o aislamiento, la utilización de esposas y grilletes, los registros con desnudos integrales a menores y las amenazas constantes, se puedan considerar como métodos educativos individualizados”.
El regionalista recuerda que no es la primera vez “que la adjudicación de la gestión de una instituición pública a una empresa privada se ve salpicada por el escándalo e investigaciones judiciales en la Comunidad Autónoma”. En este caso, explica, “es la Fundación Diagrama que gestiona el centro desde el año 2010” Gestión que realiza “gracias a las importantes adjudicaciones de dinero público que recibe, al menos 4,5 millones de euros, una media anual que no baja del millón y medio”. Y el Gobierno regional, “en vez de ”actuar con rotundidad, decisión y en vez de esclarecer las verdaderas repsonabilidades, lo que está haciendo es esconder la verdad detrás de una cortina de propaganda como en los mejores tiempos de la época franquista“.
Por todo ello, el Partido Riojano solicita la comparecencia del consejero de Presidencia, Emilio del Río, para que dé explicaciones sobre la gestión de la Fundación Diagrama y la imputación de la directora y el subdirector del centro“.