La cita era a las 12. La Barranca había hecho un llamamiento a la ciudadanía. Necesitaban recaudar los 159 euros de multa impuestos por el Ayuntamiento tras la acción reivindicativa en la que cambiaron el nombre de la calle Calvo Sotelo, apelando a la necesidad de cumplir en Logroño con la Ley de Memoria Histórica.
Entendieron desde un principio que la sanción a Paco Marín no sólo llevaba su nombre. Para ellos era una multa a todo aquel que defiende las libertades y el cumplimiento de la ley. Por eso a la hora de pagarla, la acción ha sido también colectiva. Decenas de ciudadanos se han ido acercando hasta el punto acordado, en los soportales del Ayuntamiento para aportar su euro “por la dignidad”.
En poco más de diez minutos ya se había superado la cifra y para cuando han entrado a pagar la sanción, tenían ya más de 400 euros. Una auténtica marea ha invadido el ruedo del Ayuntamiento para acompañar a Paco Marín y sus compañeros de La Barranca a “cumplir” en Recaudación. Tal como se había acordado, el dinero sobrante pasará a los fondos de la asociación.
Tanto Marín como sus compañeros coinciden al señalar que no se puede personalizar la sanción. “Yo no quiero ningún protagonismo, la multa lleva mi nombre porque me tocó a mi subir la escalera pero allí estábamos todos”, señala el sancionado. Asegura además que el “inmenso” apoyo no le ha sorprendido porque ya lo esperaban.
“No se multa una acción política sino una manipulación del mobiliario”
Por su parte, el portavoz municipal, el concejal popular Miguel Sáinz, ha señalado que “en ningún caso se sanciona a La Barranca por un acto político o reivindicativo sino el hecho de que, para llevarlo a cabo, han manipulado el mobiliario público, y eso se sanciona siempre y a todo el mundo, no es nada contra La Barranca ni contra ninguno de sus miembros”.
En cualquier caso, la deuda ha quedado saldada: 30 euros de sanción y 129 de costes de reposición del mobiliario dañado. Pero no es esta la única cuenta pendiente entre La Barranca y el Ayuntamiento. El colectivo denunció hace unos meses al consistorio logroñés por no haber cumplido la Ley de Memoria Histórica. El asunto continúa en los Tribunales.