La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, ha recomendado al Ayuntamiento de Logroño que traslade la subestación eléctrica de Cascajo “por los principios de cautela” relacionados tanto con la salud de los ciudadanos como con la protección del medio ambiente, a lo que ha sumado “mitigar la alarma social existente”.
Así lo ha desvelado Díez Jalón tras entregar al presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, un informe especial relacionado con este tema, en el que la Defensora del Pueblo, “una vez analizada toda la documentación recibida por las diferentes partes y vista la jurisprudencia existente”, recomienda al Consistorio “buscar una ubicación más alejada de las zonas residenciales”.
Según ha explicado la Defensora, “esta decisión está basada en la existencia de informes científicos que consideran los límites de exposición a cambos electromagnéticos fijados en la normativa vigente excesivamente permisivos, por lo que aun cumpliéndose pueden producirse efectos nocivos para la salud humana”.
Esta circunstancia, ha dicho, ha motivado que diversos países europeos y otras Comunidades Autónomas o Entidades Locales establezcan medidas adicionales de protección, “basados en el principio de prevención y principalmente el principio de cautela”.
Díez Jalón ha basado su recomendación, en primer lugar, en “las contradicciones existentes entre los informes encargados tanto por Iberdrola como por la Consejería de Obras Públicas” y que, a su juicio, hacen necesario “un tercer informe independiente”.
Especial atención ha puesto la Defensora en el posible riesgo para la salud, debido a las emisiones electromagnéticas de la subestación que, si bien, “están dentro de los límites permitidos, el principio de cautela determina ver si existe una alternativa posible, sin detrimento de la calidad del servicio”.
Por todo ello, además de “la alarma social creada, que ha motivado incluso la creación de una plataforma vecinal”, ha motivado la recomendación al Ayuntamiento de “buscar una nueva ubicación fuera del ámbito urbano, porque la instalación puede llegar a afectar a la salud de las personas y también por lo relacionado con la protección del medio ambiente”.
Del mismo modo, en el informe se hace una sugerencia a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en concreto a la Consejería de Turismo y Medio Ambiente, “para que se adapte el marco normativo vigente para establecer normas adicionales de protección del medio ambiente, con el fin de que la instalación de subestaciones eléctricas esté sujeta a previa evaluación de impacto ambiental”.
Ello permitirá, ha dicho Díez Jalón, “realizar una evaluación del impacto social de este tipo de instalaciones con el fin de decidir su ubicación entre las diversas alternativas planteadas”. A la empresa responsable de la instalación, Iberdrola, la Defensora “no le puede hacer ninguna recomendación ni sugerencia, al tratarse de una empresa privada”.
Ahora, una vez conocido el informe por el Parlamento regional, se notificará a las partes implicadas, tanto Ayuntamiento como Comunidad, “con lo que tendrán un mes para posicionarse, bien en contra, justificando las razones, o bien a favor, donde la Defensoría sí haría un seguimiento de las diferentes alternativas que se puedan llegar a proponer”.
“No estamos hablando de la legalidad o ilegalidad de la subestación, que cuenta con todas las bendiciones, sino de ir más allá y de tomar en cuenta todos los principios de cautela y no se tienen en cuenta los posibles riesgos”, ha concluido.