Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño, representados por Beatriz Arraiz, del PSOE; Elvira González, de Ciudadanos; Gonzalo Peña, de Cambia Logroño; y Rubén Antoñanzas, del PR+, han presentado una moción en la que manifiestan su rechazo a la actitud del Gobierno municipal de no querer cumplir la Ley de la Memoria Histórica en la ciudad de Logroño y, especialmente, la actitud de castigar a las personas y entidades que piden su cumplimiento.
En comparecencia de prensa, acompañados de miembros de la Asociación 'La Barranca', han dado a conocer la moción, que será debatida en el Pleno del próximo 1 de septiembre. Han recordado que el 31 de julio se cumplió un año desde que el Pleno acordara iniciar el procedimiento para cumplir la Ley de Memoria Histórica y proceder, tras un proceso participativo, “a cambiar la denominación de algunas de las calles de Logroño, que todavía tienen nombres ligados al Golpe de Estado y a la posterior Dictadura Franquista que mantuvo casi 40 años a España bajo el régimen de la opresión y la falta de libertades”.
Durante este año, el Gobierno municipal del Partido Popular “no ha hecho nada para cumplir con dicha moción y lo que es más importante, con esta Ley”. El PP “alega que las leyes están para cumplirse cuando se refieren, por ejemplo, a la Ley de Educación, pero este principio sólo se lo aplica para aquellas normas que ellos comparten y han aprobado”.
Pero “aun siendo grave este incumplimiento, lo peor es que este Gobierno municipal del PP, que incumple la Ley aprobada por el Congreso de los Diputados, se dedica a sancionar económicamente a quienes con actos cívicos piden que se cumpla la normativa nacional en Logroño”. Es decir, “sancionan y castigan a quienes exigen que cumpla con la Ley”.
DESPOTISMO
Esta actuación del Partido Popular “tiene un nombre: despotismo, porque su forma de actuar se corresponde más con tiempos pasados que con la propia de un gobierno democrático que debe de caracterizarse por cumplir y hacer cumplir la Ley y nunca por incumplirla y sancionar y castigar a los que piden su cumplimiento”.
Para los grupos municipales “es absolutamente contrario al Estado de Derecho imponer una sanción a los ciudadanos que piden que un Ayuntamiento cumpla con la ley, por cierto, administración a la que sí se debería sancionar por desobedecer un mandato nacional”.
Por ello, la sanción económica de 160 euros impuesta por el Ejecutivo local del PP a una de las personas que participó en un acto cívico reclamando el cambio de las calles posee “un tremendo valor simbólico” porque demuestra “cómo el Partido Popular se aplica la ética política y entiende su relación con la ciudadanía”.
Al igual que está ocurriendo en otros consistorios españoles, “sería penoso para la Ayuntamiento de Logroño y para nuestra ciudad que al final se realice el cambio de denominación de la calles por un mandato judicial y no por el hecho de que la Administración Local tiene que cumplir las leyes”, han concluido.