El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) demandará hoy ante los tribunales al Ayuntamiento de Logroño por las oposiciones de inspector de la Policía Local de la ciudad, tanto por la presentación a la plaza del actual director general de Interior como por el tribunalencargado de evaluar las pruebas por estar compuesto por “amigos y subordinados”.
Tras denunciar en reiteradas ocasiones las presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en el seno de la Policía Local, el secretario general del SPPME en La Rioja, José Guillermo Rubio, acompañado por varios miembros del sindicato presentes en la Junta de Personal municipal, han querido comparecer ante los medios para aclarar su postura y anunciar las medidas legales que adoptarán, una vez agotada la vía administrativa.
Tras observar los movimientos por parte del equipo de Gobierno local, los policías miembros de este sindicato consideran que “se está politizando de forma desmesurada la Policía Local”. Rubio ha recordado que “se han presentado ya varios recursos administrativos en el Ayuntamiento”, ante los que han tenido “la callada por respuesta”, lo que se lleva, una vez agotada esta vía, “a presentar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales”.
Las demandas
En concreto, este primer recurso recoge los dos temas relacionados con las oposiciones. Por un lado, se refieren a la elaboración de las bases para ocho plazas de oficial de policía. Por otro, a “la vergonzosa admisión” del director general de Interior, Antonio Román Camacho, como aspirante para el ascenso a una plaza de inspector “creada a su medida”. Los miembros del sindicato han explicado que cuando Camacho fue nombrado director general “a dedo” por Cuca Gamarra, ocupaba una plaza de funcionario de categoría A2, cuando este tipo de cargos exige la A1. “Se diseñó una fórmula para adecuarle la plaza y se limitó su cargo a 18 meses”, han explicado, “pero lleva tres años así que para regularizar su situación, le crean ahora la plaza de inspector (de categoría A1) y así solucionan el tema”.
Consideran que es una plaza “creada por él mismo, en base a sus propias recomendaciones” y que se completa con otra de las denuncias del sindicato: la “recusación de diferentes miembros de los tribunales calificadores”, ya que, según aseguran, “hay casos a de amistad, afinidad política y subordinación”, caso, por ejemplo, en el que ha citado al actual comisario jefe “al que Camacho le firma las horas extra”.
La próxima semana, además, el sindicato piensa llevar también a la vía judicial otro recurso por “persecución sindical”, ya que critican que se están dando situaciones de “acoso” a sus delegados, “a los que se cambia de puestos por otros peores en cuando hacen alguna denuncia, les están haciendo la vida imposible”.
La última de las demandas del SPPME se dirige contra el sistema de libre designación “que debería ser algo puntual, como se dice en la ley, pero que, en este Ayuntamiento, se está usando alegremente y no para puestos de confianza, sino para quien les apetece, usando el dedo con frecuencia”.
Una Policía “politizada”
Desde el SPPME consideran que “está clara la injerencia en los procesos selectivos”. Rubio ha apuntado a una dudosa composición de los tribunales que evalúan con “personas afines” y a un nuevo sistema que elimina el anonimato de los candidatos. Según ha señalado, según la ley, los exámenes deben ser anónimos y, sin embargo, el Ayuntamiento está obligando ahora a los policías que se presentan a poner su DNI, “conn lo que el tribunal ya sabe de sobra a quién está valorando”.
Consideran que Camacho, como director general, “no ha hecho nada en la Policía Local más que prepararse el camino para conseguir la plaza de inspector, para no tener problemas en la próxima Legislatura”. Respecto al comisario jefe, Fernando Fernández Beneite, señalan que ha sido nombrado “a dedo” y aseguran que se están reestructurando las ecalas inferiores del cuerpo con el único fin de “perjudicar a los policías que pertenecen al sindicato cambiándoles de turno y funciones y beneficiar a otros afines con condiciones de trabajo más ventajosas”.
Frente a toda esta situación, los miembros del sindicato reclaman, en primer lugar “que se retire al concejal Miguel Sáinz, que se ha mostrado como un incompetente, no sabe nada de la Policía y además se jacta de ello”, además de “claridad y transparencia en todos los procesos”; igualdad entre los aspirantes; y que los recursos policiales “se pongan al servicio de los ciudadanos, no somos una guardia pretoriana”.
Las tensiones se reflejan en la calle
La situación, según ha explicado Rubio, “está conduciendo a un clima laboral de gran desilusión entre los policías que están más tensionados de los que deben, y esto no puede ser porque estamos hablando de personas que son agentes de la autoridad que deben estar tranquilos para solventar situaciones que están al límite”. “Si el director general quería presentarse, que hubiera dimitido”, ha recalcado.
El temor que tienen los miembros del sindicato sobre el recurso en los tribunales es que “el plazo que se está dando para los contencioso-administrativos es de dos años, con lo que puede ser que Camacho sea inspector y no haya marcha atrás ya cuando la situación judicial se resuelva, va a quedar un daño irreparable”.
Ahora mismo, en las oposiciones de inspector se está a falta de las pruebas físicas, y en las psicotécnicas en el resto de plazas, “pero para antes de las elecciones el proceso va a estar resuelto”. Un proceso, en el caso de las ocho plazas de oficial, al que solamente se presentaron 30 agentes del centenar posible “porque la gente tiene claro que no tiene ninguna opción porque el sistema no es justo”.