La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano y Carrió, ha afirmado que las Defensorías “dentro de nuestras competencias de control de las Administraciones Publicas”, vamos a tratar de “vigilar los euros que las Administraciones Públicas gastan, mirando si se efectua de manera correcta para que se ayude a la gente que está en crisis”.
Cava de Llano ha realizado estas manifestaciones tras inaugurar junto a la defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, y el presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, las XXV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se desarrollará en Logroño hasta el próximo miércoles. En esta ocasión van a abordar el impacto de la crisis económica.
La defensora del Pueblo en funciones ha insistido en el “control de las Administraciones Públicas, que es nuestra obligación y competencia como así nos lo marca la Constitución Española y los diferentes Estatutos de Autonomía”.
Por su parte, Díez Jalón ha señalado que ante la crisis económica “los ciudadanos no están demandando información en temas tan sensibles como la perdida del empleo, la prestación por desempleo y ayudas de carácter económico”. Ante ello, en la última reunión de Defensores de Sevilla se acordó analizar el asunto de la crisis económica y proponer soluciones.
Ya, en el discurso de inauguración, Cava de Llano ha señalado que las jornadas anuales de coordinación se han convertido “en un elemento esencial de integración de nuestros esfuerzos en pro de la mejora de la calidad de nuestro estado social y democrático de derecho”.
Ha indicado que en este escenario de crisis, parece que “lo que debe esperarse de nuestras Instituciones son respuestas para todos, pero sobre todo para aquellos sectores de la población más desfavorecidos”. Con tasas elevadas de paro y situaciones extremas como la existencia de hogares donde no entra ni un solo euro al mes, “no podemos quedarnos de brazos cruzados”.
“Problemas como la quiebra familiar, el acceso a una vivienda digna o las angustias de parte de nuestros conciudadanos a la hora de afrontar sus pagos y obligaciones, son lo suficientemente serios para que desde las instituciones defensoras de derechos humanos y garantes del buen funcionamiento de la Administración, marquemos las diferencias”, ha concluido.