Inquilinos de más de 90 viviendas de protección oficial se declaran “angustiados y preocupados por una serie de problemas sin vistas de solucionarse”, problemas que consideran “graves e incluso peligrosos”.
Los gastos de comunidad, con un promedio que roza los cien euros, encarecen los alquileres de las VPO de las calles Torrecilla y Sorzano, “en unas casas que no tienen piscina y en las que no hay accesos a algunas zonas comunes porque no se nos ha facilitado la llave maestra”. Según explican, la administración de las fincas, en manos de la promotora, supone gastos demasiado elevados: 36.000 euros por ese concepto el año pasado.
Luis Martínez, consejero delegado de LMB, descarta que existan problemas colectivos y asegura que “las únicas quejas que nos han llegado lo han hecho a título individual, y casi siempre de inquilinos que no pagan”.
Después de haberse informado en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y otros organismos, los vecinos se ven “indefensos”. La respuesta de las instituciones es que al ser alquilados, y no propietarios, no tienen derecho a reclamar ese concepto. “Alquilados -matizan- sabiendo que el alquiler es con derecho a compra, pero tal y como se está gestionando todo parece que la intención es que nos vayamos”. “Estamos pagando precios de vivienda libre en pisos VPO”, lamentan.
HUMOS COMPARTIDOS
Además del tema del cobro excesivo por su gestión, denuncian una irregularidad “grave” de olores en las cocinas, ya que la extración de humos de las campanas revoca de una cocina a otra y los olores pasan de un vecino a otro. “¿Qué pasaría con el humo si hubiese un incendio?”, se preguntan.
En mayo del año pasado, la promotora se puso en contacto con los vecinos para asegurarles que en breve se solucionaría dicho problema, incluso llegaron a medir las cocinas, pero todavía están esperando.
Culpan tanto al Ayuntamiento que se lava las manos, como al Gobierno autónomo “por dar la cédula de habitabilidad a unas viviendas que tienen errores de construcción”.
Como vecinos, buscan fuerza en la unión y van a aprovechar el apoyo de la Asociación de vecinos de La Cava- Fardachón, para poder usar los servicios de gestión y uso del local común, recién creado en el barrio. “Ellos nos van a facilitar el asesoramiento legal y sus instalaciones para que podamos reunirnos, pero vemos que esto va muy lento y nos hemos puesto de acuerdo para manifestarnos, para que den la cara y cada uno responda según su responsabilidad”.