CCOO CSI·F y CGT, la mayoría sindical de Correos, integrada por el 75 por ciento de la representación de los trabajadores, en un acto de protesta protagonizado ante los directivos de la empresa postal pública, criticaron los planes de venta del edificio histórico de Correos en Logroño, situado en la conocida Plaza de San Agustin.
Los sindicatos consideran una nueva muestra del progresivo “desmantelamiento” del Servicio Postal Público y que viene a sumarse a las medidas de un “apagón postal” denunciado por estos sindicatos mediante un proceso de movilizaciones iniciado hace ahora tres meses que culminó en una huelga general en Correos el pasado 10 de junio.
Tras 7 años de un proceso de rehabilitación “ruinoso” del edificio histórico, que motivó en su día el traslado al alquiler de una sede provisional “inadecuada” para la prestación del servicio a los ciudadanos y en precarias condiciones laborales, CCOO, CSI·F y CGT han llamado la atención sobre la “falta de transparencia de una iniciativa que supondrá, de llevarse a cabo, un nuevo trasvase de recursos públicos -el edificio de Correos está adscrito a la Dirección General de Patrimonio del Estado, como todos los de Correos- al ámbito privado. Además, los sindicatos denuncian el ”despilfarro económico“ que ha supuesto durante estos años un alquiler que asciende aproximadamente a 30.000 euros mensuales.
Esta medida, añade la mayoría sindical, se enmarca en lo que consideran una “estrategia de adelgazamiento progresivo del servicio postal público”, ejemplificada en la caída de las inversiones y de la financiación del Servicio Postal Universal, en el cierre y reducción de horarios de oficinas, en la reciente instrucción de la empresa para suprimir buena parte del servicio durante los fines de semana de verano, en el desplome de contratación para cubrir bajas y vacaciones de personal fijo, o en la supresión de 7.000 empleos durante los últimos dos años, a la espera en Logroño de la desaparición de otros 10 puestos de trabajo en el turno de noche del Pabellón Postal, por poner algunos ejemplos. Medidas todas ellas tomadas de forma unilateral y sin negociación alguna con las organizaciones sindicales, y que están afectando de forma directa a la prestación del servicio y a las condiciones laborales.
En este sentido, los sindicatos criticaron, igualmente, el Anteproyecto de Ley Postal presentado por el Ministerio de Fomento, que liberalizará completamente el sector en enero de 2011 y que, a la espera de su trámite parlamentario en otoño próximo, daría cobertura legal a una reconversión encubierta de Correos, al incorporar medidas como la reducción de la financiación pública para un servicio claramente deficitario, la reducción del reparto domiciliario mediante buzones concentrados, la instauración de un sistema de co-pago para los ciudadanos que hagan uso de los servicios postales o la entrada masiva de operadores privados, que evidentemente sólo prestarán servicio en zonas rentables.
Ante esta situación, y continuando con el proceso de movilización que culminó el 10 de junio con una huelga general en la empresa postal pública, los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones a la vuelta del verano con el objetivo de mostrar su más absoluto rechazo a unos planes que, de seguir por este camino, “pondrán contra las cuerdas en breve plazo la continuidad de un servicio público esencial para muchos ciudadanos y empresas”.