Las empresas que tributan en paraísos fiscales no concurren en igualdad de condiciones a la contratación, ya que tienen una ventaja al pagar menos impuestos. Así lo considera Cambia Logroño, que cree que las instituciones públicas tienen la obligación de exigir un comportamiento fiscal, legal y ético a las empresas adjudicatarias. Para exigir una responsabilidad fiscal “exquisita”, han presentado una moción en el Ayuntamiento en la que proponen varias medidas.
Entre ellas, apuestan por incorporar como criterio de selección en la fase de solvencia y cláusula de carácter esencial en los pliegos de los contratos municipales que las empresas licitadoras, contratistas o subcontratistas, así como sus filiales o sociedades interpuestas, no puedan realizar operaciones financieras en paraísos fiscales según el listado elaborado por las instituciones europeas o, en su defecto, por el Estado español o fuera de ellos y que sean consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública.
También proponen requerir a la empresa, en los términos establecidos por la normativa aplicable, que manifieste tener relación con paraísos fiscales sin incurrir en las actuaciones ilegales descritas en el apartado primero, los movimientos financieros concretos y toda la información relativa a estas actuaciones y dar publicidad en el perfil de contratante municipal de que la empresa ha declarado tener relaciones con paraísos fiscales.
En el supuesto de que, formalizado un contrato público municipal, se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista o subcontratista de no tener ninguna relación financiera o económica en un paraíso fiscal en relación con las actuaciones descritas en el apartado primero, se considerará falta grave con imposición de penalidades y, en su caso, la resolución del contrato.