Un mismo parking, distintos propietarios e intereses encontrados
Un mismo aparcamiento, distintos propietarios e intereses encontrados. Es lo que está sucediendo en el parking subterráneo de Gran Vía. Hay cerca de 1.800 plazas de las cuales 480 plazas son plazas del parking en rotación pertenecientes a la empresa de encargada de gestionarlo. El resto, unas 1.300 plazas son de propietarios individuales.
Los problemas de esta comunidad comienzan prácticamente desde el momento en el que se constituye como tal hace dos años y medio. Javier Zurbano, miembro de la actual junta, explica que “desde entonces estamos en pie de guerra con el propietario de las plazas en rotación que, desde el principio, se auto constituyó como presidente y único administrador de la totalidad de las plazas. Las mismas empresas que construyeron el parking han estado gestionando las plazas en rotación durante los dos años y medio”.
Una situación que, a su juicio, “fue generada, provocada por el Ayuntamiento de Logroño que fue quien aprobó unos estatutos ilegales”. Además, recuerda, cuando se hizo el paso de concesión a propiedad de las plazas se estableció un tiempo de audiencia en el cual los propietarios teníamos que haber sido escuchados en caso de que nos opusiéramos a las condiciones en las que se hacía ese paso y este trámite se obvió“. Por todo ello, consideran responsable al Ayuntamiento porque fue quien ”provocó esta situación dejándonos a los propietarios totalmente indefensos“.
Y no entienden que ahora el Ayuntamiento de Logroño decida mirar hacia otro lado. “No se siente responsable porque, según dice, estamos hablando de un conflicto entre particulares. Una respuesta que no nos satisface porque fue el Consistorio quien promovió y construyó el parking y, durante los dos primeros años, fue el propietario”.
Los dos primeros años pasan y la empresa encargada de la gestión del parking en rotación se erige como presidente de la comunidad de propietarios, “desde dos años y medio lleva haciendo valer una posición totalmente abusiva, con una administración totalmente opaca”.
La cuota mensual que pagan los propietarios ha sido, desde el principio, el principal problema.
“Pagamos al mes unos 30 euros, una cantidad que consideramos abusiva porque hemos podido comprobar que con la mitad se podrían sufragar los gastos”. Lo que pasa “y así nos lo han confirmado los propietarios de las plazas en rotación es que los gastos de estas plazas de aparcamiento los estamos sufragando nosotros. Es decir, el propietario del negocio, en este caso el parking en rotación, nos está trasladando los gastos de explotación del mismo, incluido las once personas que están contratadas. Todo esto se está contemplando como gastos de comunidad. Los propietarios particulares de las plazas estamos pagando unos gastos que no nos corresponden, lo que justifica que, cada mes, paguemos el doble de lo que realmente nos corresponde”.
Pero en esta comunidad de propietarios hay además otros problemas. Estamos hablando de un parking relativamente nuevo, relata, que ya cuenta defectos estructurales y constructivos, sobre todo en el tercer sótano. “Se nos están cobrando todo tipo de reparaciones que deberían estar en garantía y se nos están cobrando como gastos de mantenimiento”.
Por esta razón, los propietarios particulares seguirán reclamando “una cuota justa porque queremos pagar lo que nos corresponda, ni más, ni menos”. Otra de las exigencias es tener una “administración transparente e independiente porque no puede ser que el administrador sea a su vez la empresa constructora ya que cualquier tipo de defecto nos lo va a cargar como gastos de mantenimiento”. Y por último exigen que se solucionen los defectos constructivos con cargo a la garantía que debería tener este aparcamiento “y no con cargo a los afectados y a los propietarios”.
Lejos de encontrar una solución, en los últimos meses se ha complicado aún más la situación. El pasado 6 de mayo, recuerda Javier Zurbano, se convocó una junta general extraordinaria “totalmente legal en el Ayuntamiento de Logroño a la que asistieron cerca de 700 personas entre presentes y representados”. En esa reunión se constituyó una nueva junta de la que forma parte Zurbano, se eligió un nuevo administrador y se aprobó un nuevo presupuesto con una cuota algo superior a los 14 euros más IVA para los propietarios particulares.
“Todo se hizo ante la presencia de un notario y levantando acta notarial que se envió al antiguo administrador”. El problema es que los antiguos administradores no reconocen la validez de esta nueva junta y, el pasado lunes, convocaron otra en la que, lejos de aclarar las cosas, aún se complicaron más.
“Desde el primer momento se manifestaron unas posiciones encontradas porque siguen queriendo ser los únicos administradores y gestores. Hay mucho dinero e intereses en juego y no van a ceder a la primera así que, finalmente, será un juez el que diga la última palabra”.
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