La comunicación entre la consejería de Salud y la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C es prácticamente inexistente. De hecho, hace apenas unos días, se solicitó un encuentro para plantear estas preocupaciones pero no ha habido respuesta. Por eso han decidido acudir a la Fiscalía y aportar un documento en el que recogen esta forma de gestionar la enfermedad y la información necesaria por parte de los responsables públicos.
“No quieren reunirse con nosotros porque dicen que estamos haciendo política y que nuestro único interlocutor debe ser el médico pero necesitamos conocer cuál es el presupuesto con el que cuentan esos médicos para combatir la enfermedad en La Rioja o cuánto se gasta en productos farmacéuticos”, denunciaba Javier Granda, miembro de la Plataforma.
Recordaba además que la información es vital ya que la mitad de lo 5.000 riojanos afectados por la Hepatitis C, desconocen que tienen esta enfermedad. “Por eso hemos editado unas guías informativas que distribuimos en hospitales y centros de salud y que hemos tenido que pagar nosotros mismos porque la consejería no hace nada”, señalaba, “y mienten además con respecto al tratamiento porque dicen que está llegando a toda la población enferma y la realidad es que sólo está cubriendo al 5%”.
Una situación que se agrava en grupos de mayor riesgo como pueden ser los reclusos de la prisión logroñesa cuya población padece una afección del 20% con 65 presos enfermos y situaciones que se agravan en ocasiones con enfermedades como el VIH. También los inmigrantes lo padecen especialmente con una estimación de unos mil afectados.