“Se trata de una nueva forma de democracia participativa”, explica el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Relaciones Institucionales, Maros Sefcovic. La Comisión Europea ha dado a conocer hoy la Iniciativa Ciudadana Europea, un nuevo proyecto planteado en el Tratado de Lisboa.
La Iniciativa Ciudadana Europea permitirá hacer propuestas sobre nuevas legislaciones, siempre y cuando tengan el apoyo de, al menos, un millón de firmas. Además, dichas firmas deben proceder de un mínimo de 9 países diferentes (un tercio de los Estados miembros). Sin embargo, será el Ejecutivo comunitario quien tendrá la última palabra a la hora de decidir si la propuesta popular se convierta en legislativa.
Sefcovic subrayó que Bruselas tendrá que considerar “muy seriamente” las iniciativas de los ciudadanos, pero no tendrá la obligación de elaborar una propuesta legislativa, aunque sí explicar públicamente las razones si decide no tomar medidas.
Por otro lado, Sefcovic ha asegurado que a través de esta iniciativa los ciudadanos podrán “marcar el programa de trabajo de la Unión Europea (UE)”, por lo que se convertirá en una institución mucho “más representativa”.
El vicepresidente de la Comisión se ha aventurado a predecir que la iniciativa podría estar en funcionamiento para el año 2011, porque aún debe recibir la aceptación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo.
Será “difícil” decir cuál va a ser la dimensión y repercusión de esta nueva herramienta, ha dicho Sefcovic, porque se trata de una novedad que se debe evaluar a largo plazo. Además, el vicepresidente remarco que se pueden hacer “reajustes” a la iniciativa durante el proceso de aprobación.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Ciudadanía, Viviane Reding, destacó que la Iniciativa Ciudadana Europea es “muy importante” para que los europeos “se hagan oír” y es prueba de que la UE “se toma en serio” el escuchar a los ciudadanos.
Primeras directrices sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
En primer lugar, Sefcovic ha querido dejar claro que se tratará de una herramienta “sencilla, fácil de usar y accesible” para los ciudadanos y que intentará que “no sea demasiado burocrática”.
Cuando una iniciativa haya logrado el apoyo de 300.000 europeos en tres Estados miembros, el Ejecutivo comunitario deberá “examinar” si es competente para legislar en el ámbito de la propuesta y decidir si es admisible.
A partir de la aceptación del Ejecutivo, los promotores de la iniciativa tendrán un año de plazo para recoger el millón de firmas necesarias (tanto en la calle como a través de Internet) para respaldar su propuesta y la Comisión dispondrá de cuatro meses para estudiar la Iniciativa y decidir cómo actuar.
Éstas firmas tendrán que proceder de un tercio de los Estados miembros, sino que cada uno de estos países tendrá que estar representado por un mínimo de ciudadanos, cuya cifra se calculará en función de la representación de este país en el Parlamento Europeo.
Las autoridades nacionales, por su parte, serán las responsables de comprobar que los sistemas de recogida de firmas 'on line' cumplen las exigencias en seguridad.
Las autoridades europeas podrán rechazar una propuesta si ésta representa un atentado contra los valores fundamentales de la UE. Los promotores de una iniciativa podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) o al Defensor del Pueblo Europeo.