La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) exige al Consistorio logroñés, así como al resto de ayuntamientos riojanos, “que procedan a la revisión de oficio de las miles de plusvalías aún no prescritas que se han girado y cobrado indebidamente” cuando la compra-venta fue con pérdidas económicas.
En concreto, se refieren a las plusvalías cobradas desde el año 2010 hasta el 2015 ya que, “las anteriores están prescritas” y exigen, además, que en su caso, “se estimen las solicitudes de revocación o revisión que les sean planteadas por los ciudadanos y las empresas”.
CPAR ha realizado esta exigencia una vez que los dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de La Rioja y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja hayan sentenciado que “si el valor de mercado de las viviendas, naves industriales o el suelo entre la compra y la venta de los mismos ha disminuido, no se cumple el hecho imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos”.
Una situación que “impide” la entrada en funcionamiento “de las normas de cuantificación de la base imponible”.
Así lo ha explicado el secretario general de CPAR, Juan Ramón Liébana, en una comparecencia de prensa quien ha insistido en que “con esta decisión, no cabe duda de que los Ayuntamientos de La Rioja deben devolver las plusvalías cobradas años atrás en el caso de enajenaciones” tanto a particulares como a empresas, “cuando se demuestre que las propiedades hayan perdido valor entre la operación de compra y la de venta”.
Dos años y tres sentencias judiciales
A pesar de que desde la CPAR “dan la bienvenida” al “cambio de actitud” que ha tomado el Ayuntamiento de Logroño quien ha manifestado que dejará de girar nuevas liquidaciones “cuando se compruebe que la transacción ha sido a pérdida”, desde la Asociación consideran que esta decisión “llega dos años y tres sentencias jurisdiccionales después de que lo planteáramos por primera vez”.
A pesar de esta “buena noticia”, la CPAR critica a su vez que el Ayuntamiento “siga empeñado en no devolver las liquidaciones de plusvalías indebidamente cobradas” salvo “que exista una sentencia que lo obligue a ello en cada exacción tributaria”.
Una decisión que desde la CPAR consideran “intolerable” porque “deja de aplicar la interpretación jurisprudencial sobre cómo liquidar las plusvalías para dejar de devolver a ciudadanos y empresas lo que en justicia les corresponde”.
Por ello, ha asegurado, “parece que el Consistorio prefiere dificultar a los ciudadanos y empresas la devolución de lo que les cobró indebidamente para que solo reclame una minoría con la capacidad económica y tiempo suficiente para solicitar esas devoluciones ante los tribunales, quedándose el Ayuntamiento con las cuantías indebidamente ingresadas por el resto de los ciudadanos”. Algo que “ya ocurrió” -ha destacado- “con el famoso céntimo sanitario”.
Con todo ello, ha continuado, “parece que el Ayuntamiento prefiere obligar a miles de ciudadanos y empresas a tener que pagar las tasas judiciales (350 euros más el 0,5 por ciento del importe de la liquidación del impuesto) así como 2.000 euros de honorarios de abogado y procurador”.
Además, desde la CPAR critican también que el Ayuntamiento insista en que “para que devuelvan las plusvalías indebidamente cobradas es necesario que se produzca un cambio en la normativa nacional”. En este punto, ha indicado Liébana, desde la CPAR “le pusimos de manifiesto sobre esta situación a la alcaldesa y la concejal de Hacienda en junio de 2014, cuando el PP contaba con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y en el Gobierno de España ”y no quisieron hacer nada al respecto“. Entonces ”nos dijeron que esperarían a tener una sentencia de un tribunal riojano“.
Por todo ello, insiste, “si desde el Ayuntamiento se hubiera hecho caso a los avisos de CPAR desde el inicio, miles de ciudadanos y empresas no tendrían que haber pagado indebidamente importantes cantidades de dinero al Ayuntamiento de Logroño”.
Ante esta situación, ha concluido, desde CPAR “estaremos vigilantes” sobre la actuación del Ayuntamiento de Logroño por si se produce alguna actuación que pueda ser constitutiva de delito e incoar las acciones penales oportunas contra el Consistorio“, ha finalizado.