Ecologistas en Acción Cantabria, SEO-Birdlife y Arca han convocado, junto con vecinos de la localidad de Pesquera, una marcha de protesta contra la autopista Dos Mares (AP-69) que se llevará a cabo el próximo domingo, 5 de abril, por el valle de Aguayo.
La marcha se iniciará a las 11 horas en el Alto de la Ormita, en la carretera de acceso al valle de Aguayo. Los participantes recorrerán los puntos sobre los que la autopista producirá “un mayor impacto” y que son, según precisó Ecologistas en Acción en un comunicado, el Monte de El Aceba; el Monte de las Ánimas; el Viaducto sobre el río Hirvienza; las Laderas sur del embalse de Alsa; y el Campo de los Tablones.
Los ecologistas se oponen a esta autopista porque, además de su “enorme impacto ambiental”, la consideran “innecesaria” e “inviable económicamente”. “Las infraestructuras viarias para acceder desde Cantabria al valle del Ebro y a la costa mediterránea a través de vías de alta capacidad están sobredimensionadas, siendo más que suficientes con las que hay”, aseguran.
En este sentido, explican que en 2014 -año previsto para la entrada en servicio de la Autopista Dos Mares- habrá otras dos vías de acceso más al Valle del Ebro desde Cantabria: la primera, por la A-67 hasta Osorno y desde ahí por la autonómica A-231 a Burgos y la A-12 (Burgos-Logroño); la segunda, por la A-73 (Aguilar de Campoo-Burgos) y la A-12.
Además, consideran que el proyecto tendrá una “afección significativa” sobre la Red Natura 2000 en 11 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 7 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), afectando directamente a 19 tipos de hábitat, 7 de ellos de carácter prioritario. “El proyecto es incompatible con la conservación de la biodiversidad”, advierten.
“La autopista no tiene rentabilidad social ni económica”, asegura Ecologistas en Acción. En este sentido, precisa que el estudio de rentabilidad económico-financiero “vulnera la normativa en vigor y no se sostiene si no es con la aportación económica directa del Estado mediante un crédito participativo que cubra el 40% de la inversión inicial”. Sin embargo, creen que “no es aceptable” que se exija una financiación al Estado “a un tipo ridículo”, y “menos” bajo la figura de un préstamo participativo.